Los okupas suceden a los maltratadores

Tras considerar «resuelto» el descomunal desastre del «Solo sí es sí» pese a que no soluciona ninguno de los casos ya juzgados, conseguido gracias al PP sin el más mínimo agradecimiento por haberle sacado las castañas del fuego que le abrasaba con ese contador diario de maltratadores y violadores beneficiados, Sánchez encara la cita del 28-M sacando la vivienda de la chistera de promesas electorales, por supuesto para incumplirlas, como es habitual en él.

Y es que este jueves se vota en el Congreso el correspondiente proyecto de ley, siendo noticia de última hora la aceptación por el Gobierno de una enmienda a su proyecto pactada con Podemos, ERC y Bildu. Ya no es una originalidad que este Ejecutivo se enmiende a sí mismo, y que además lo haga pactando con sus socios podemitas del cogobierno. El actual tripartito es sucesor de aquel bipartito del que, tras haber prometido sus cargos en Zarzuela el 12 de enero de 2020, Sánchez afirmó que «caminaría en una única dirección y hablaría con varias voces, pero con una sola palabra». Volver a escucharle ahora decir eso con su misma voz e imagen, exime de cualquier comentario.

En esta ocasión sabemos que la promesa electoral es de 50.000 viviendas de alquiler social, que de momento se ignora dónde están. Lo que sí se sabe es que con esa enmienda los beneficiarios van a ser los okupas a los que la alcaldesa Colau conoce bastante bien. Por ahora las cifras apuntan a que se realizan unas 50 okupaciones diarias, habiéndose incrementado en un 50% desde la llegada de Sánchez al Gobierno. Por ello, con esta enmienda todo apunta a la repetición de lo sucedido con los maltratadores y violadores beneficiados, ahora transformados en «okupas».

En caso de okupación, los letrados informan que el proceso a seguir comienza con la identificación de los okupas, a la que sigue el procedimiento penal y finalmente el juicio oral, comprendiendo todo ello un plazo no menor a un año. Para cubrirse las espaldas, sus promotores afirman distinguir a los okupas tipo «patada en la puerta» –de los que afirman «estarán en la calle a las 48 horas»– de los inquilinos en alquiler que dejan de pagarlo por ser familias «vulnerables».

La mera posibilidad de que España siga en manos de este mismo Gobierno hasta 2027 si los españoles no reaccionan en las urnas, debería bastar para una movilización general en su contra, comenzando por el próximo 28-M. La seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada, en las mismas manos del «sí es sí».