Otra vez las oposiciones

Para no perder la costumbre, nuestra izquierda política cuestiona periódicamente las oposiciones a juez. Suele coincidir con sus problemas judiciales, lo mismo que el debate sobre si los fiscales deben investigar los delitos, no los jueces. Estos dos temas, más el desmembramiento territorial de la Justicia y el desmantelamiento del Consejo General del Poder Judicial, conforman el universo mental de nuestra izquierda cuando maquina cómo desvitalizar la Justicia, no cómo mejorarla.

Me centro en las oposiciones. El Grupo Parlamentario Sumar ha presentado una proposición de ley sobre el sistema de acceso a la Judicatura. Que lo haga un partido minoritario y menguante es un clásico. La memoria histórica nos recuerda que el trabajo sucio lo hacen los otros. Así ocurrió con la tristemente famosa «Enmienda Bandrés», diputado de Euskadiko Ezkerra, que hizo suya el partido socialista para apartarse del modelo constitucional de gobierno judicial y causante del actual caos.

Las oposiciones obsesionan al progresismo hasta el punto de que en aquel Programa 2000 es hacer arqueología política, pero lo recordarán los viejos del lugar. El socialismo patrio asentó las bases de su obsesión: atacó a las oposiciones porque, aparte de la monserga del memorismo, entendía que con ellas sólo llegan a ser jueces los retoños de las familias ricas, son «un coto absolutamente vedado a capas representativas de la sociedad». Y es que los pobres hacen notarías, registros, son inspectores de Hacienda o abogados del Estado. Ahora bien, visto el fracaso del sistema de Turnos, ¿cómo sustituir a las oposiciones?

Pasaron los años y un ministro socialista propuso la selección desde las universidades, como ahora Sumar. Un opositor –decía– está enclaustrado, alejado del mundo, no así un universitario, experto conocedor de la cafetería de la Facultad o de la toma de apuntes cuando no del Rincón del Vago; experto, en el mejor de los casos, en conocer el mundo a través de laboratorios donde se realizan experimentos en la atmósfera cero que es el seminario o departamento universitario. No descalifico a la Universidad, sí prevengo ante la realidad de que, sectarismo y tribalismo universitario al margen, gracias a las oposiciones no pocos descubren la carrera de Derecho, aprenden lo que las Facultades no les enseñó.

Pero las oposiciones tienen un peligro: son un sistema objetivo y neutral, mejorable como todo en esta vida, pero responden a un esquema óptimo: el Estado necesita jueces y lo anuncia –hace convocatorias–; acuden los ciudadanos –opositores– a quienes se exige unos conocimientos jurídicos mínimos pero amplios –el temario–, que deben demostrar –exámenes– y a los que lo demuestran –aprobados– los lleva a la Escuela Judicial, donde se enseñan los primeros pasos para «ser jueces».

Suprimir lo que funciona sería irresponsable, pero ¿lo que funciona puede prevalecer frente a objetivos político-ideológicos y sus coartadas? El objetivo político es seleccionar, no por saber jurídico sino por perfil ideológico. Con la oposición el porcentaje de jueces «políticamente comprometidos» no llega al 8 o 9% y se trata de invertir el porcentaje. Y las coartadas: a la de que es para ricos se añade la gran estrella argumentativa, tacharlas de «memorísticas». Quien haya estado en un tribunal de oposiciones o, simplemente, las haya hecho, sabe qué diferencia hay entre el memorión y el que memoriza porque sabe y comprende.

Cuanto más se exige a los profesionales y más complejo es el Derecho, mayor es el empeño por rebajar el nivel jurídico de los jueces. Los ciudadanos tienen derecho a jueces doctos y en eso va la seguridad jurídica. Se oyen quejas acerca de la arbitrariedad o poco fundamento de algunas resoluciones y no falta razón, pero la causa no son las oposiciones. El mal surge cuando un trabajo asfixiante impide resolver a conciencia o se inculca al juez que debe hacerlo conforme a la presión ambiental o las apetencias mayoritarias y teme no hacerlo así.

Ignorancia y arbitrariedad suelen ir de la mano: quien no sabe estar en su sitio o no sabe Derecho aplica el que le dictan, o le insinúan, o el que le viene en gana. Y quien sabe Derecho es un peligro. Un juez docto –y vocacional– tiene un argumento, el jurídico; un juez sin esos elementos suplirá sus lagunas a golpe de sensibilidad social e ideológica.

Es bueno debatir sobre la selección de los jueces, pero dentro de una reflexión integral sobre la reforma de la Justicia. Quizás cabría un ingreso menos exigente por un revival de la Justicia de Distrito y a partir de ahí que el juez tenga alicientes, incentivos ciertos para hacer carrera profesional, progresar, especializarse, formarse. Esto exigiría cambiar del mapa judicial y la estructura de los procedimientos, pero esas ya son palabras mayores, como sacar a la Justicia de nuestro reapañado modelo decimonónico pero los partidos ni se lo plantean: o son ultraconservadores o indiferentes o ambas cosas.

José Luis Requero es magistrado.