3M, perdida en el país de la subvenciones

Dándole vueltas a lo del bono térmico de 3M (mujer, médica y madre), encuentro un estupendo trabajo publicado en LA RAZÓN de mi compañera Rosa Carvajal sobre el descalzaperros del sistema de subvenciones públicas en España. Ya les adelanto que lo de Rosa tiene su mérito, porque bucear en el BOE siguiendo la maraña de datos de unos dineros públicos que suponen el 1,4 por ciento del PIB, es decir, casi 19.000 millones de euros y, además, repartidos entre 9 millones de solicitudes, hubiera llevado al desaliento y a la melancolía a cualquier periodista. Tomemos, por ejemplo, el 15 de marzo de 2022, jornada en la que se concedieron 9.821 subvenciones por importe de 107 millones de euros. Ese día, un agricultor recibió un céntimo de euro por parte del Ministerio del ramo, mientras que el de Economía concedió 4 millones a una empresa de alquiler de coches. Ese es el rango, y ya me dirán ustedes si tiene alguna lógica un proceso burocrático que desemboca en un céntimo.

Por supuesto, las subvenciones las cobra todo quisque -empresas, particulares, ayuntamientos, universidades, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, grupos religiosos...-, aunque con variada fortuna, como demuestran los 3,36 euros que pagó el Estado a la candidatura municipal «Progrés», en el Ayuntamiento de Subirats (Barcelona), mientras que el PSOE se llevaba 14,3 millones. Parece poco, pero no se engañen, en los dos últimos años, el capítulo de «partidos políticos» ha costado a los españoles 4.522 millones de euros. ¿Y quién paga todo esto? Pues usted, querido contribuyente, porque frente a la visión mesiánica de la izquierda española, el dinero público no cae del cielo.

Y, luego, está el esfuerzo administrativo que hay que afrontar para llevar a cabo el reparto, que empieza por el descarte de las solicitudes –mi amigo Félix Juan, empresario, que pedía una subvención a la exportación de maquinaria, se dejó varios miles de euros en informes, documentos y certificaciones para verse rechazado displicentemente–, pasa por las comprobaciones de rigor, puesto que ya se sabe que para el Estado todos los ciudadanos somos defraudadores en potencia, y por el trámite de la libranza del dinero, con sus recibos y tal. Lo que muchos nos preguntamos es si todo ese dinero viene de nuestros impuestos, por qué no se rebaja la presión fiscal y se acaba con un sistema muy caro de mantener y que distorsiona el precio real de los servicios y las mercancías.

Es lo que sucede con el mercado eléctrico, exhaustivamente regulado por el Estado y crujido a tasas e impuestos, hasta el punto de que el marido de la pobre 3M, un alto ejecutivo de una multinacional australiana, padre de familia numerosa, tuvo que apuntarse al bono térmico para poder calentar su piso en el barrio de Salamanca. En realidad, las subvenciones, los subsidios, las ayudas sociales y las exenciones fiscales no son más que el reconocimiento de que el sistema no funciona. Que la brutal explotación fiscal del tejido productivo español apenas aguanta un modelo económico plagado de trabas y barreras administrativas que desalentarían al santo Job. Y lo cierto es que cuando el Estado afloja, aunque sea un poco, la empresa española se sale, y si no, miren a Telefónica. Pero, claro, subsidiados y con bajos salarios, la clientela electoral es mucho más susceptible a los cantos de sirena de esta izquierda, siempre fracasada.