Una reforma sin recorrido

El ministro Félix Bolaños ha vendido como «histórica» su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, según su particular relato, «mejora, agiliza, moderniza y ‘‘europeíza’’ nuestro proceso penal». En síntesis, y sin el confeti oficial del Gobierno, estamos ante un ataque a la independencia judicial en un contexto crítico para el sanchismo cercado por acusaciones de corrupción y distintas tramas en los juzgados. Lo consigue con un movimiento tan sencillo como resulta de atribuir a los fiscales la instrucción de los delitos y cercenar la acción popular que ha estado detrás de buena parte de los grandes sumarios políticos. Como el monopolio de la persecución penal correspondería de facto al fiscal general del Estado, es obligado recordar lo que Sánchez sentenció: ¿De quién depende la Fiscalía? En todo caso, se trata de una reforma con los días contados, como ocurre con cualquier iniciativa sin una mayoría legislativa.