A un presidente de gobierno de nación occidental hay que exigirle que, como alta autoridad ejecutiva, sea responsable de la protección de las instituciones del Estado. También de las de su partido político. Es una obligación básica relacionada con la rendición de cuentas. Lo que hoy denominan «accountability», esto es: responsabilidad. Lo primero que se demanda al CEO de cualquier empresa. Si en un país como España no se le exige tal a la máxima autoridad política, significa que el Estado está moral y económicamente quebrado. Que no guarda ni las mínimas apariencias relacionadas con el deber de honradez y ejemplaridad de las autoridades políticas. La probidad en un cargo de alta responsabilidad no es una opción, sino una obligación contractual. Cuando no se cumple ésta, si el presidente de gobierno no desempeña su cargo con honestidad, transparencia y acatamiento de la ley, si no respeta las instituciones…, debe existir un mecanismo legal para despojarlo de su cargo y reclamarle los resarcimientos penales correspondientes por su punible falta de consideración, dado que ese desprecio a la ley y las instituciones es una clara prueba de corrupción, y ningún corrupto debería dirigir un país que se atreva a calificarse como «democrático». Cuando el mayor dirigente político de un país responde con evasivas y burlas al intento de aclarar las sospechas que pesan sobre él, no hace sino evidenciar su maltrato, no solo hacia las leyes, sino al pueblo que vota y paga impuestos (más a menudo esto último que lo primero), manteniéndolo a él con prebendas y pagos de incalculable valor en especie y en especias: servicios lujosos, sirvientes, Falcon, palacios, Fiscalía, Abogacía del Estado, Ejército…, o sea, todos los recursos de una nación a su disposición. Y todavía habrá quien sostenga que los políticos en España «están mal pagados»; mientras a un simple y avasallado contribuyente se le reclama impuestos hasta por un regalo miserable recibido, los lujos de milbillonario de que disfruta, por ejemplo, un presidente de gobierno español, no pagan impuestos… Qué menos que verse obligado, pues, a no corromperse.