Francia exhibe una inestabilidad política inusual: cinco primeros ministros en apenas tres años. La raíz no es meramente partidista; es fiscal. El presupuesto arrastra un desequilibrio crónico: déficit cercano al 6% del PIB y deuda por encima del 115%. Pero ese agujero tiene, a su vez, una causa sociológica: décadas de promesas engañosas han convencido a la mayoría de que el Estado puede darlo todo sin que casi nadie lo pague.

La última crisis lo ilustra. La caída de François Bayrou llegó tras proponer «recortes» para 2026 por más de 45.000 millones. Comillas obligadas: una parte eran subidas de impuestos y otra, renunciar a aumentos futuros de gasto. Reducciones efectivas del gasto presente, pocas. Aun así, izquierda y derecha tumbaron el plan, respaldados por una opinión pública que no quiere oír hablar de ajustes.

¿Entonces, cómo cuadrar las cuentas? Según una encuesta reciente, el 85% de los franceses prefiere subir impuestos a «los más ricos». No hablamos de financiar un Estado que gasta el 56% del PIB con gravámenes generales, sino de cargar selectivamente sobre una minoría. El mensaje del votante medio es diáfano: que todo siga igual, pero que lo paguen otros.

A este respecto, la propuesta estrella es la de Gabriel Zucman, habitual coautor de Thomas Piketty: un 2% anual sobre patrimonios netos superiores a 100 millones. Parece poco… hasta que se entiende que grava riqueza, no renta. Supongamos un patrimonio de 100 millones con una rentabilidad nominal del 5%. Son 5 millones de ingresos (sí, nominales). Con una inflación del 2%, la ganancia real queda en 3 millones. Si el IRPF se lleva, conservadoramente, 1 millón, restan 2 millones reales. Añádase el 2% sobre el patrimonio: 2 millones adicionales cada año. Resultado: rentabilidad real neta del 0%. Con un 4% de rentabilidad, directamente habría descapitalización.

El efecto económico es obvio: desincentivo a acumular capital en Francia; o te vas, o no entras. ¿Compensa fiscalmente? El déficit supera los 150.000 millones anuales; los defensores del impuesto aspiran a recaudar entre 20.000 y 25.000 millones (con el supuesto muy optimista de que los ricos no se marcharán del país o que podrán encadenarlos tributariamente). Una séptima parte del total del déficit. La aritmética es tozuda: incluso aprobándolo, harían falta muchos más ajustes, de gasto y de ingreso, que sí afectarían al grueso de la población.

Presentar ese tributo como bala de plata sólo perpetúa la decadencia y alimenta frustraciones. Tras años de autoengaño, los ciudadanos descubren que el Estado no es gratis. Y cuanto más se posponga la realidad, más duro será el despertar.