Romper España

El óptimo de Pareto se alcanza cuando no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Este principio, aunque originado en la teoría económica, está muy presente en el modelo de financiación de las CCAA en España, pues convive con el principio constitucional de solidaridad, que obliga a que las diferencias económicas y sociales entre territorios se reduzcan sin menoscabar la autonomía política y fiscal de cada comunidad. En este marco, la autonomía fiscal de las CCAA es la capacidad que tienen, dentro de los márgenes establecidos por la ley, de diseñar su propia política tributaria. Esto significa que cada comunidad puede decidir( dentro de unos límites legales) si establece tipos impositivos más altos, u optar por tipos más bajos para fomentar la inversión, el ahorro y la generación de riqueza privada. Ambas posturas son legítimas mientras respeten la legalidad y los principios constitucionales. El principio constitucional del pluralismo político garantiza la coexistencia de distintas visiones sobre cómo debe gestionarse lo público. Unas fuerzas políticas defienden subir impuestos e intentar redistribuir la riqueza; otras, bajar impuestos para racionalizar el gasto y favorecer la libertad económica, tratando de generar riqueza. Ambas opciones son igualmente defendibles y forman parte del juego democrático. Acusar a una comunidad autónoma que opta por reducir impuestos de practicar «dumping fiscal» es una falacia. Y lo es aún más cuando se llega al extremo de afirmar que tal política «rompe España». Romper España no es bajar impuestos. Romper España es cometer un delito de sedición independentista. Romper España es subvertir el orden constitucional. Romper España es ser insolidario con las regiones menos favorecidas. Romper España es malversar fondos públicos con el objetivo de financiar proyectos contrarios a la unidad del Estado. Es incoherente –y éticamente preocupante– criticar una política fiscal legítima y plenamente amparada por la Constitución mientras se perdonan, se justifican o incluso se amnistían conductas que han atacado directamente la integridad territorial y el orden democrático. Resulta alarmante que se derogue el delito de sedición, debilitando la capacidad penal para defender nuestra democracia, mientras se aprueba una ley de amnistía que se presenta como un gesto de «normalización política» hacia quienes se apartaron deliberadamente de la legalidad constitucional. Frente a ello, se demoniza a quienes han cumplido con su deber de proteger el marco constitucional, como si el ejercicio legítimo de las competencias fiscales fuera un acto de agresión contra el país. Esta paradoja es peligrosa porque confunde los límites entre la discrepancia legítima y el ataque a los fundamentos del Estado de derecho. La financiación autonómica debería ser un terreno de debate técnico y político, en el que se valore si el modelo actual cumple con el equilibrio entre eficiencia (cercano al óptimo de Pareto) y equidad (solidaridad interterritorial). Debería discutirse si la cesión de tributos y la capacidad normativa son suficientes, si el equilibrio de recursos es justo o si es preciso reformar el sistema para evitar agravios comparativos. Pero este debate debe estar libre de cargas emocionales y acusaciones infundadas que solo erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Confundir una estrategia fiscal legal con un ataque a la nación no solo empobrece el debate político, sino que erosiona la cultura democrática, donde el pluralismo no es una mera formalidad, sino la esencia misma del pacto constitucional. En definitiva, es muy triste y peligrosa la paradoja de un país que, en nombre de la convivencia, relativiza y perdona ataques reales a su unidad, mientras acusa de traición a quienes ejercen legítimamente sus competencias fiscales. El verdadero riesgo para España no está en la diversidad de políticas tributarias, sino en la confusión deliberada entre la pluralidad legítima y la deslealtad constitucional.