Tribuna
Ser o no ser democracia
La exigencia de que la remisión del voto por correo certificado a la Mesa sea presencial y con identificación del votante es hoy una imperiosa necesidad si queremos mejorar la calidad del procedimiento electoral por correo y evitar que nuestro país sea calificado como lo está siendo en el concierto internacional
Las peripecias y vicisitudes que, entre asombrados y abochornados, hemos conocido estos día en relación con el voto por correo, reclaman un breve viaje al fondo de la cuestión. Un viaje que pone de manifiesto aspectos mejorables, muy mejorables, de nuestro procedimiento electoral, precisamente en esta vertiente del voto de los ciudadanos en elecciones. Pero antes, unas pinceladas generales para enmarcar el tema.
La democracia se basa, sobre todo, en dos grandes fundamentos. La limitación del poder, que hoy brilla por su ausencia en tantas latitudes y, sobre todo, la participación ciudadana que se concreta periódicamente, aunque no solo, en el derecho al voto en elecciones libres. Pues bien, en España, después de no poco esfuerzo y sacrificio, decidimos constituirnos en un Estado social y democrático de Derecho, en un Estado en el que Pueblo soberano otorgó su confianza a sus representantes para que gobernasen en su nombre.
La esencia de la Democracia -y la escribo con mayúsculas- está en que esa confianza del Pueblo -porque es el Pueblo quien gobierna a través de su representantes- se mantenga en el tiempo y no sea defraudada. Si así fuera - la Historia registra demasiados casos-, sería la prueba de la victoria de la demagogia, hoy tan presente en tantas latitudes, por supuesto también entre nosotros como se acredita en este tiempo.
Pues bien, para evitar que los demagogos -y los corruptos que los anuncian- puedan dañar esa confianza esencial ante unas elecciones donde el Pueblo es directamente el protagonista de la Democracia, no deben existir situaciones como las que abren estos días todos los medios de comunicación.
Examinada la cuestión desde la perspectiva jurídica, podemos afirmar que, si se han dejado puertas abiertas, si se han dejado vacíos por donde los corruptos -antesala de los demagogos- han podido campar a sus anchas por caminos que nunca debieron transitar, no esperemos que medidas jurídicas a posteriori -como las propias del Derecho Penal- resuelvan el escándalo. Solo atacando sus causas podremos corregir el rumbo y evitar situaciones como las actuales.
Más vale prevenir que curar. El voto por correo no puede favorecer que los corruptos intenten alterar la voluntad del Pueblo soberano. Y si se tolera, si los legisladores que tienen la responsabilidad de evitarlo lo permiten, es lógico y natural que el Pueblo Español indague sobre las causas del desaguisado.
“Los hechos cantan, Señoría”, dicen los abogados cuando la prueba es evidencia en el proceso y no quieren acudir al “res ipsa loquitur”, que sería su “traducción” del latín…En este caso, solo ver las portadas -ni siquiera abrir- de los periódicos; escuchar los titulares de las noticias en las emisoras de radio o en los canales de televisión… para preguntarnos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para evitarlo.
Porque la Democracia -sí, otra vez con mayúsculas- o es, o no es. O el Pueblo soberano confía en que sus representantes han sido libremente elegidos, por sufragio universal, libre, directo y secreto o, si pierde esa confianza, cualquier cosa, hasta la más abyecta, puede ser posible.
En este sentido, tiene razón la Junta Electoral Central cuando recuerda que el artículo 73.3 de la ley orgánica del régimen electoral general no exige que el elector personalmente acuda a la oficina de correos a certificar el sobre de votación; sino que puede hacerlo cualquier persona en su nombre, sin que quepa exigir la identificación del elector en el momento de hacer entrega del sobre con el voto (Acuerdos de 21 de mayo de 1991, 10 y 17 de mayo de 1995 y 16 de mayo de 2019, entre otros).
Este criterio ha sido además avalado por la jurisprudencia, al señalar que el legislador ha cuidado, en la modalidad del voto por correo, que la solicitud del mismo y la recepción de la documentación electoral (sobres, papeletas, certificado de inscripción y sobre de remisión) sean realizados por el elector de forma personal o por quien acredite apoderamiento especial y bajo fe pública.
Por el contrario, una vez recibida la documentación por el elector solo exige que se remita por correo certificado a la Mesa, sin que de manera especial establezca la normativa expuesta que esa remisión por correo certificado deba necesariamente de ser, como debiera, un acto personalísimo, pudiendo encomendarse a una tercera persona (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 27 de junio de 2003).
No es posible, aunque parezca lo que parezca, exigir un requisito que no está previsto por la ley electoral, máxime cuando esto se lleva aplicando así desde su aprobación en 1985, sin que el legislador haya entendido que era necesaria su modificación, como ha sucedido en cambio con otros aspectos del voto por correo.
Pues bien, la experiencia, especialmente lo que estamos padeciendo estos días, nos ha enseñado que es el momento de modificar el procedimiento. Exactamente igual que el voto en urna debe ser presencial, la exigencia de que la remisión del voto por correo certificado a la Mesa sea presencial y con identificación del votante es hoy una imperiosa necesidad si queremos mejorar la calidad del procedimiento electoral por correo y evitar que nuestro país sea calificado como lo está siendo en el concierto internacional. Es lo lógico y lo razonable, lo propio y lo que un votante por correo esperaría al llegar a depositar a la oficina de correos la papeleta.
Seguir igual, sin impedir estás execrables prácticas que de ninguna manera nos merecemos, es inaceptable y hasta podría ser calificado como complicidad con la corrupción. Por tanto, aprovechemos este infausto momento de nuestra historia electoral para hacer las reformas legales que todos esperamos y cuanto antes.
Y si el Pueblo -que por supuesto somos todos- ve, oye y comprueba que no se atajan las causas de la corrupción de raíz, entonces no podemos escandalizarnos de la desafección y del pensamiento de muchísimos ciudadanos acerca de la política y sus actores.
Si se mina la confianza, actuarán los demagogos de todos los órdenes, colores e intereses y, tristemente, habremos dilapidado el esfuerzo de generaciones por devolver al Pueblo su Soberanía.
Ser o no ser, esa es la cuestión. O la Democracia es el Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo o será lo que pronosticaba Aristóteles como su contrario: el reino de la Demagogia.
Muchos autores, clásicos y contemporáneos, nos lo han advertido. Que su advertencia no caiga en el olvido y que los tristes y corruptos ejemplos que estamos viendo conduzcan a reformas claras y precisas de le legislación electoral.
Necesitamos que la Democracia lo sea con mayúsculas siempre.
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