Tan solo hay un agente de policía por cada 60 mujeres víctimas de maltrato

Según datos de 2024 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se registraron 34.684 casos de violencia de género; con la legislación actual, la violencia de género solo se puede referir a mujeres. En violencia doméstica se puede referir tanto a hombres como a mujeres; en este segundo capítulo, las víctimas ascendieron a 8.860. En total, 43.544 casos el pasado año, lo que supone un porcentaje cercano al 1 por mil del total de la población española.

En total hubo 48.285 sentencias firmes en el año de referencia, que pueden haberse incoado ese mismo año o en anteriores. Si nos ceñimos a las denuncias, en 2024 estas fueron 41.750.

Los dispositivos electrónicos conocidos como «pulseras telemáticas» tienen la misión de informar sobre la ubicación de los agresores. Estos datos son compartidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) y por las mujeres víctimas. Con ello, se verifica que se cumplen las órdenes judiciales de alejamiento. En el supuesto de que el sujeto agresor se acerque a la víctima, salta una alarma que es recibida por las Fuerzas de Seguridad y por las mujeres protegidas por esta tecnología.

Sin embargo, este sistema llamado «Cometa» no ha estado funcionando por un tiempo indeterminado a partir de marzo de 2024. Los técnicos que han supervisado las pulseras telemáticas venían denunciando ante el Ministerio de Igualdad los fallos frecuentes en los dispositivos telemáticos que debían actuar como guardianes electrónicos de las 4.500 mujeres bajo este protocolo y permanecer alerta y realizar el seguimiento de los 4.810 agresores acusados o condenados por violencia de género y con órdenes de alejamiento. En marzo de 2024, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a raíz de los fallos, no podía cuantificar cuántos de estos 4.810 dispositivos podrían haberse visto afectados.

Se requiere una auditoría y revisión de todos los dispositivos, para recoger estadísticamente todas las incidencias, que se han multiplicado en 2024 y 2025. Coincide en el tiempo con la migración del contrato desde el operador Telefónica a Vodafone. No solo en cuanto al software, sino también con respecto al hardware. Entre marzo y agosto de 2024 se constató la pérdida de datos de seguridad y de seguimiento de los agresores. La vulnerabilidad del sistema ha provocado una justificada alarma social y la respuesta gubernamental ha sido, como todas desde 2018, decepcionante.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 detalla los fallos en las pulseras electrónicas. Resaltando que durante el cambio de operador se ha perdido «el elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento».

Por otro lado, el sindicato de la Policía JUPOL informa que solo hay 2.767 agentes adscritos a las Unidades de Familias y Mujer (UFAM), siendo 164.077 las mujeres maltratadas que aparecen en los registros policiales. La proporción es de un agente por cada 60 mujeres. Porcentaje que no garantiza la seguridad de las mujeres.

Entre el ejército de «asesores» del Gobierno, existe un reducido número dispuesto a alargar la agonía de la nación y extender unos meses más sus ingresos. Bunkerizados en Moncloa, están alargando artificialmente la vida de este Gobierno y de todos y cada uno de sus ministros. El caso de la titular de Igualdad es prueba de ello: Ana Redondo, ha sido reprobada este pasado miércoles por el Congreso de los Diputados por su negligente gestión al frente del Ministerio, y además se exigió al presidente del Gobierno cesarla «por los graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato». Sin embargo, además de no cesarla, se le prohíbe «dimitir» y dar explicaciones personalmente. En su lugar envían a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado a Carmen Martínez, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, que lejos de tranquilizar ha generado un intenso debate en el contexto de las vulnerabilidades del sistema de protección a víctimas, tras afirmar que «la protección de las mujeres no se ha interrumpido».

El sistema de alerta, no solo dejó de funcionar, sino que en la migración de una compañía a otra se perdieron los datos, lo que provocó que los juzgados no tuviesen acceso a ellos.