Le ha tocado al presidente de la comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ser la pieza política que abatir por los equipos de propaganda de un gobierno nada dispuesto a asumir que, tal vez, algunas de sus leyes y disposiciones en materias medioambientales y del entorno rural, así como la falta de Presupuestos del Estado actualizados, hayan podido tener alguna influencia, aunque fuera mínima, que no lo es, en la tragedia de los incendios forestales que están asolando España. Nada que no sepa la opinión pública española de las campañas de la izquierda, siempre prestas a endosar al adversario político las responsabilidades derivadas de la acción de la naturaleza o de los inevitables accidentes que conlleva la acción humana, mucho más activas si cabe cuando en el origen último de los hechos se esconden las consecuencias anunciadas de la cerrazón ideológica -el caso de la Dana en Valencia, con la derogación del plan de prevención del barranco del Poyo es paradigmático- de unas políticas fuera de toda realidad. Y, sin embargo, todos los técnicos y especialistas que están actuando en los fuegos de Castilla y León, ya sean locales, enviados por otras comunidades, extranjeros o de la propia UME, sin ir más lejos, coinciden en destacar, por un lado, la extraordinaria virulencia de los fuegos, favorecidos por unas circunstancias meteorológicas extremas -con inestabilidad atmosférica sacudida por frecuentes «reventones térmicos»-, orografía muy difícil y extrema sequedad del combustible, y, por otro, en la eficiencia técnica con que las autoridades responsables de Castilla y León han enfrentado una tarea para la que ningún cuerpo antiincendios en el mundo está dimensionado. Porque si a esa combinación diabólica de climatología y orografía adversa le sumamos la acción humana, ya sea intencionada o por accidentes o negligencias, tendremos la bomba incendiaria que ha detonado este mes de agosto en el territorio patrio, pero, también, en Portugal, Francia e Italia. Escudarse, como insiste el Gobierno, en el cambio climático, cuando la realidad es que los incendios forestales han ido reduciendo sus efectos y extensión en las últimas dos décadas, no es más que la excusa de incompetentes, y buscar un cabeza de turco, Fernández Mañueco, con la que seguir alimentando la dinámica de un enfrentamiento que parece más sectario que partidista, no es algo que vaya a aceptar sin consecuencias la sociedad. Y, por último, pero no menos importante, entendemos que las organizaciones sindicales de los brigadistas forestales, no bien tratados laboralmente e ignorados cuando las cosas van bien, traten de aprovechar la emergencia para que se atiendan sus reivindicaciones, pero si se convierten, como el socorrido caso de «las mareas», en simples arietes del PSOE contra la Oposición harán un flaco favor a sus legítimas reclamaciones y al conjunto de una sociedad que, hoy, les muestra admiración y agradecimiento.