Comodines nacionales de Europa

Las necesidades de Europa y los deseos de los europeos están enfrentados. En un momento en el que se necesita una acción fuerte y coordinada para evitar el colapso financiero en la Unión Europea, el respaldo popular que generó la integración europea en las últimas seis décadas se está desvaneciendo.

Después de casi setenta años de paz, los europeos parecen haber olvidado por qué la unidad era tan importante y se dejan llevar por un sentimiento nacionalista sin considerar sus posibles consecuencias. Al mismo tiempo, no llegan a entender que sus economías están demasiado interconectadas como para que funcione una política económica independiente.

Esta incapacidad tiene sus raíces en el confinamiento de la política electoral a cada país, lo que obliga a los políticos a fingir que pueden ocuparse de las cuestiones económicas sólo con políticas nacionales. De hecho, los políticos no enfrentan ninguna presión electoral para emprender una acción más amplia, aun si esto reportara beneficios domésticos.

Ahora la crisis del euro está obligando a los líderes de la UE a encarar cambios institucionales –concretamente, la creación de una unión bancaria, fiscal y política– que han venido postergando desde hace mucho tiempo. Pero, si bien los Estados miembros deben acordar de manera unánime todas las decisiones fundamentales, sus mandatos los obligan a ver las cuestiones de la UE a través del prisma del interés nacional. La política de riesgo calculado y las negociaciones que este enfoque alienta imposibilitan que se desarrollen y se presenten visiones paneuropeas a la población.

Este problema tal vez resulte más evidente en Reino Unido. Si bien Gran Bretaña no es miembro de la eurozona, su cooperación es crucial si han de utilizarse las instituciones de la Unión Europea para resolver la crisis del euro. Pero, en lugar de ofrecer el respaldo que sus socios europeos necesitan, a Londres sólo le preocupa su propia agenda.

Por ejemplo, al negarse a firmar el Pacto Fiscal, que impone controles más estrictos al gasto nacional en la eurozona, Reino Unido obligó a que el acuerdo operara fuera de los mecanismos de la UE. El razonamiento británico para su negativa –que no se incluyó ningún protocolo en el tratado que exceptúe al sector financiero de ciertas regulaciones– sugiere que tenemos que esperar desenlaces similares en futuras negociaciones.

De hecho, como explicó recientemente el primer ministro, David Cameron, su Gobierno intenta renegociar los términos de su pertenencia a la Unión Europea, y llevar a cabo un referéndum sobre el resultado, que potencialmente definiría si Reino Unido sigue siendo o no un miembro de la UE. Si bien Gran Bretaña tiene total libertad de abandonar la Unión, considerando que es una unión basada en un tratado, la decisión conllevaría riesgos graves.

De cara a la renegociación, los líderes de Reino Unido están realizando una auditoría integral de las leyes de la UE para identificar los poderes que se podrían reivindicar. Esto podría tener un resultado positivo, ya que resaltaría los poderes que, con el acuerdo de otros Estados miembros, deberían devolvérseles a los Gobiernos nacionales.

El problema es que Reino Unido tiene un fuerte interés en conservar un acceso pleno al mercado de la UE –la eurozona representa la mitad de sus exportaciones de bienes y servicios–, pero no parece dispuesto a acatar ninguna obligación. Como resultado, las autoridades británicas parecen mucho más proclives a desarrollar propuestas que sólo beneficien a Gran Bretaña, lo que le otorgaría una ventaja injusta. Esto entorpecería las negociaciones y, en definitiva, podría afectar el respaldo público a que Reino Unido sea miembro de los Veintisiete.

Como todos los mercados, el Mercado Único de la UE es una construcción política que se basa en reglas, regulaciones y convenciones comunes para la estabilidad y la confiabilidad. Si se regresa a una situación en la que los Gobiernos nacionales tienen poderes para redactar reglas que se pueden utilizar para imponer criterios destinados a excluir a otros, se pondría en peligro todo el mercado.

De la misma manera, se necesita alguna regulación –por ejemplo, reglas ambientales, estándares de seguridad de productos y aplicación de reglas antimonopólicas– para asegurar que la competencia sea justa. Antes de que se lleve a cabo el referéndum, la población de Reino Unido debe entender que estas cuestiones no se pueden devolver así como así a las autoridades nacionales.

Además de perjudicar las relaciones con Bruselas, las acciones de Reino Unido podrían minar los esfuerzos por resolver las crisis económica, social y de identidad de Europa. Si Reino Unido presenta una lista unilateral de propuestas para nuevas reglas de la UE, los otros veintiséis Estados miembro podrían verse alentados a poner en práctica una política propia de riesgo calculado. El resultado factible –veintisiete conjuntos diferentes de demandas– podría derivar en la revisión serial de viejos acuerdos sobre cuestiones que tienen escasa relevancia frente a las amenazas urgentes que hoy enfrenta la Unión Europea.

Los Estados miembros simplemente no tienen tiempo para realizar un análisis caso por caso de las reclamaciones de Reino Unido –o las deliberaciones concomitantes–. Y al Tribunal Europeo de Justicia le costaría reconciliar un conjunto especial de excepciones para un país con los derechos y libertades compartidos sobre los que se basa la UE.

Quienes respaldan a Cameron citan el precedente establecido por el primer ministro laborista Harold Wilson, quien en 1975 renegoció los términos de la pertenencia de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea (CEE) –términos que su antecesor conservador, Edward Heath, había aceptado pocos años antes–, y luego realizó un referéndum sobre si seguir siendo o no miembro de la CEE. Esta táctica funcionó una vez, sostienen, y volverá a funcionar.

Sin embargo, Wilson tuvo que negociar con ocho países bastante similares. Por el contrario, Cameron se enfrentará a veintisiete países diferentes (que incluyen a Croacia, que se sumará más avanzado el próximo 1 de julio), muchos de los cuales enfrentan serios desafíos domésticos. En consecuencia, las negociaciones tienen implicaciones políticas mucho más serias –y hay mucho más margen de error–.

A pesar de estos riesgos, muchos políticos británicos creen que pueden satisfacer a los votantes a expensas de «Europa», perpetuando la idea de que los vínculos con la UE –una entidad extranjera supuestamente homogénea– representan poco más que una ventaja desechable. Ahora es el turno de que el pueblo británico recapacite profundamente en los beneficios y los sacrificios implícitos de ser miembros de la UE.

Copyright: Project Syndicate, 2013