El Ejército de México seguirá en las calles

Si hay un mexicano con la muerte aplazada, ése es el alcalde de Teloloapan, una pequeña ciudad de 55.000 habitantes perteneciente al estado de Guerrero. Se llama Ignacio Jesús Valladares Salgado y el origen de su peripecia lo pueden ver en «Youtube». Resumido, nada más salir electo, en septiembre del año pasado, el edil fue invitado a un paseo en coche por unos sicarios de la Familia Michoacana que le hicieron la siguiente propuesta: que la Policía de Teloloapan se mantenga al margen o hacemos arder el pueblo. Para ello debía nombrar a un comisario «neutral», sin vínculos con los cárteles, que mantuviera una actitud pasiva. Si algún agente, impelido por la llamada del deber, actuaba contra la Familia, debían matarlo, adjudicándoles el crimen a los militares. La cuestión de la «neutralidad» era importante, porque acababa de saberse que el jefe de una de las bandas adversarias, «Guerreros Unidos», era un tal Rigoberto González Rojas, policía asignado a la seguridad del Palacio de Gobierno estatal. Toda la conversación fue grabada en vídeo. Como, al parecer, el alcalde no cumplió el compromiso y, además, se negó a mantener una segunda «entrevista» con la banda, el día de su toma de posesión, en octubre, colgaron la grabación en las redes sociales. El vídeo pone los pelos de punta, pero explica mejor que mil ensayos el problema de México. Desde entonces, la zona de Teloloapan se ha convertido en campo de batalla y el Ejército patrulla carreteras y caminos. El edil, escoltado, aún se mantiene en el puesto, pero sólo es cuestión de tiempo.

En el vecino Edomex –estado de México, no confudir con el distrito federal– que es una de las regiones más atrasadas, con amplia población indígena y que encabeza el ranking de asesinatos y violaciones de mujeres, hace tres días que no se tienen noticias de Luis Enrique Granillo, líder local del Frente Popular y Campesino «Francisco Villa». Fue secuestrado el pasado jueves por un grupo de individuos que le pusieron ante los ojos un recorte de prensa. En él, Granillo anunciaba su intención de organizar de patrullas ciudadanas en una veintena de poblaciones. Ante la impotencia del Gobierno federalpara acabar con la violencia, los grupos de vigilantes, armados y encapuchados, proliferan por todo el país. No sólo combaten a la delincuencia común, como la banda de violadores de las seis españolas en Acapulco, sino que dificultan las operaciones de los cárteles de la droga. Mucho se temen las autoridades que, además de comerse el recorte de prensa, a Luis Enrique Granillo le hayan asesinado. Una advertencia para los impulsores de las patrullas ciudadanas. Así las cosas, no es de extrañar que el nuevo presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto, le haya pedido a los militares que permanezcan en las calles para combatir a los narcos, en tanto no se implemente la prometida «directiva de seguridad pública integral». Lo que tanto se criticó al anterior presidente de derechas, Felipe Calderón, el haber sacado al Ejército de los cuarteles, parece ser ahora la única medida que realmente ha dado algún resultado. Aunque a costa de sesenta mil muertes y varios miles de desaparecidos, el mundo del narcotráfico mexicano se encuentra fragmentado en un centenar de grupos que luchan a muerte por un trozo del pastel. La mayoría de los grandes capos están muertos o en prisión, y los que quedan viven en la clandestinidad, sin los lujos y fiestas que caracterizaban sus días de vino y rosas. Queda mucha guerra por delante, muchas barbaridades por contemplar, pero los que esperaban que el nuevo Gobierno mexicano desistiera, en la búsqueda de un acuerdo infame con los narcos, parece que se han equivocado.