La decisión de Almunia

A semejanza de la terrible elección de Sophie en la película del mismo nombre, Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia, tiene que tomar partido entre dos opciones incompatibles: la defensa estratégica de la construcción naval española y europea o la defensa de los intereses comerciales egoístas de los astilleros holandeses. Esa decisión, de la que depende la devolución de ayudas recibidas por nuestros astilleros y que de implicar devolución llevaría a la quiebra del sector, duerme en el despacho del comisario desde febrero. En junio de 2011, la Comisión Europea, a instancia holandesa, abrió el procedimiento de investigación sobre el tax lease español, dejando a nuestros astilleros en clara desigualdad competitiva con nuestros denunciantes, que cuentan con instrumentos de financiación de buques más cuestionables que los que hicieron a nuestro sistema objeto de investigación. Durante estos dos años de asfixia legal, el sector privado español estima haber perdido más de 50 contratos que han ido a parar a astilleros holandeses o han acabado en manos de la competencia asiática, cada día más favorecida por nuestras «eurodisputas», hasta el punto de que la cuota de mercado europea se ha reducido hasta el 5% del total mundial mientras la cuota de Asia crece a nuestras expensas vertiginosamente. Como ejemplo, la reciente pérdida del contrato de 220 millones de euros de La Naval de Sestao en favor de Corea del Sur supuso para el astillero perder la carga de trabajo hasta el año 2015, 1,7 millones de horas de empleo, y relevantes pedidos para la industria auxiliar española muy afectada por la situación.

A pesar del acoso holandés, si se despejase la incertidumbre, los astilleros españoles podrían conseguir hoy más de 40 buques, con una facturación de más de 2.000 millones de euros, el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, y la generación de nuevos empleos. España se defiende. No ha habido nivel de la administración española, desde ayuntamientos, parlamentos regionales y las tres comunidades autónomas afectadas, que no hayan hecho llegar personalmente al comisario Almunia la doble preocupación sobre el fondo de la decisión y la urgencia en tomarla.

El Ministerio de Industria y el de Hacienda y funcionarios destacados de las diversas administraciones han defendido en Bruselas la validez de la posición española. La próxima semana se espera la visita de Comisiones Obreras. Numerosos eurodiputados e incluso dirigentes de la oposición española han mantenido repetidas reuniones con el comisario y su gabinete. Ayuntamientos y parlamentos regionales han aprobado sendas resoluciones de apoyo al sector.

Los 19 astilleros –que contra viento y marea sobreviven en España haciendo los mejores barcos de Europa– se han movilizado ante la Comisión Europea. Su organización, Pymar, ha sumado las voluntades empresariales y políticas, tantas veces enfrentadas, en una tarea común: demostrar que el régimen de Tax lease español no debe ser objeto de ninguna devolución. Prestigiosos juristas españoles e internacionales avalan esta opinión.

En resumen, España ha puesto el mejor trabajo de sus profesionales y políticos en este objetivo de salvar la industria naval, pero tanto esfuerzo puede encallar por la indecisión de la Comisión Europea.

Los tres diputados europeos firmantes de este artículo, desde Galicia, Asturias y País Vasco, pensamos que Joaquín Almunia conoce sobradamente los argumentos jurídicos que justifican plenamente la no devolución de ayuda ninguna. Nunca una decisión de la Comisión Europea cerró un sector industrial en un Estado miembro. Del comisario Almunia esperamos no sólo una decisión justa y favorable sino inmediata. Casi 90.000 familias españolas dependen de ella.