La «tasa Google»

Hace unos días, a través de una red social, me llegaba un mensaje que decía algo así: «Boicot a los periódicos de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE)». Reconozco que, además de sorprendido, me picó la curiosidad y entré a ver el texto del mensaje, lo cual no hizo más que incrementar mi sorpresa, pues la razón de invitarme a este bloqueo no era otra que la decisión del Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero de presentar ante el Parlamento el proyecto de ley de propiedad intelectual, que, entre otras cosas, restringe el uso de enlaces y citas de medios de comunicación mediante la imposición de la llamada «tasa Google» a las webs que las utilicen. O sea, que el Gobierno pretende que aquellas webs que se aprovechan en su propio beneficio del trabajo de otros compensen económicamente a éstos a través de una tasa que sería recaudada por Cedro, entidad de gestión de derechos de autor cuyos principales socios son grupos de comunicación como Planeta, Prisa o Zeta.

Una medida que, a priori, tiene como base el sentido común, parece, sin embargo, que no ha sentado nada bien curiosamente entre los internautas, que son quienes menos se ven perjudicados, pues ellos no tendrán que desembolsar ni un euro de sus bolsillos para seguir accediendo a unos contenidos que tienen gratis en los propios medios digitales. Ante esta perspectiva, los grandes grupos de comunicación se han mostrado muy satisfechos con una medida y, así, el presidente de AEDE aseguraba en un comunicado que «la modificación de la ley de propiedad intelectual, que incluye el derecho de compensación por parte de los agregadores, es el paso más importante que ha dado un gobierno en España para la protección de la Prensa».

Las webs más afectadas por esta iniciativa son Google News, Flipboard y Menéame, que se han mostrado especialmente críticas con la futura ley. Así, en un comunicado aseguraban que «los ingresos que genera Menéame a los sitios enlazados son muy superiores a los que genera a nuestro sitio y a las tasas que podamos pagar y que nos permitan sobrevivir. La propuesta no tiene sentido ni desde el mínimo análisis económico objetivo, pues perjudicaría más a los medios que a Menéame Comunicacions». De hecho, explican que se podrían plantar «deshacer la empresa en España y transferir el dominio y web a una nueva en algún país extranjero».

Sin duda, estamos ante una medida que acaba de iniciar su trámite parlamentario y que, de aquí a su aprobación puede sufrir muchas modificaciones. Sin embargo, está claro que va a levantar ampollas y que aún son muchas las cuestiones por matizar, pues si bien es cierto que los agregadores de noticias viven en gran medida del trabajo de los medios, no lo es menos que una parte significativa del tráfico que llega a las ediciones digitales de éstos lo hace a través de dichos agregadores, especialmente de Google News.

¿Se podría ver afectado a la baja el tráfico de estas ediciones digitales si se limita la llegada de usuarios provenientes de Google News, Menéame o cualquiera de estas páginas? Probablemnte sí, lo cual también podría repercutir en los ingresos publicitarios asociados a las cifras de visitantes. Por tanto, estamos ante una situación en la que el diálogo debe ser fundamental para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes pues no cabe duda de que, de un modo u otro, se necesitan mutuamente.

Eso sí, no debemos perder de vista que el que genera las noticias es el medio de comunicación, no el agregador, de modo que cualquier medida de boicot supone cerrar el grifo de la información.