Canela fina
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional
«El Constitucional no es un tribunal de casación del Supremo. Le corresponde sustancialmente dictaminar si son o no constitucionales las decisiones de los Parlamentos autonómicos»
Cuando las naciones que disfrutan de la democracia pluralista plena disponen de varias Comunidades Autónomas está claro que precisan de un Tribunal superior de carácter constitucional. Los Parlamentos de las Autonomías legislan en nombre del pueblo al que representan, y si aprueban leyes que colisionen con lo dispuesto en la Constitución del Estado, resulta imprescindible un tribunal que dictamine aquello que es constitucional y aquello que no lo es.
En 1977, el criterio general entre los juristas fue que se creara una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo, organismo máximo de la Justicia española que se granjeó durante siglos el respeto de todos los sectores de la vida jurídica, social y política en España. Adolfo Suárez, sin embargo, prefirió que se creara un Tribunal Constitucional porque sabía que, políticamente, el Tribunal Supremo era difícilmente controlable y, en cambio, un Tribunal Constitucional podía resaltar más asequible.
Antonio Pedrol Rius me dijo un día en la Trilateral: «Es un error mayúsculo. Y el problema no está en la rechazable politización del Tribunal Constitucional. Es que sus integrantes disfrutarán enmendando la plana a los magistrados del Tribunal Supremo. Tratarán de convertir al Constitucional en un Tribunal de casación del Supremo y se hará inevitable la colisión entre ambos».
No le faltaba razón a Pedrol Rius. Pascual Sala, uno de los grandes juristas de la entera historia de la Justicia española, padeció, cuando presidía el Tribunal Supremo, la actitud de algunos de sus magistrados decididos a interponer una querella contra el Tribunal Constitucional que desbordaba sus funciones y se estaba convirtiendo en un Tribunal de casación con grave deterioro para el Supremo.
Sala demostró su moderación y su prudencia. Acudió a Juan Carlos I, pues constitucionalmente el Rey ejerce la función de arbitraje entre las instituciones. Y tras un agitado periodo de encuentros y desencuentros, las gestiones del Monarca y las del presidente del Supremo consiguieron apagar primero las llamas y después las brasas de una situación alarmante e insostenible.
España, en fin, está a punto de vivir ahora una nueva colisión entre ambos Tribunales. Y las consecuencias de semejante choque son imprevisibles.
Luis María Anson, de la Real Academia Española.
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