En libertad con cargos los tres curas y el profesor acusados de abusos

Los tres sacerdotes y el profesor de Religión detenidos en Granada en la investigación por presuntos abusos sexuales fueron puestos en libertad con cargos después de que declarasen ante el juez instructor.

Los tres sacerdotes y el profesor de Religión detenidos en Granada en la investigación por presuntos abusos sexuales fueron ayer puestos en libertad con cargos después de que declarasen ante el juez instructor, ante el que «negaron rotundamente» los hechos que se les imputan. Dos días estuvieron incomunicados en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental antes de pasar a disposición judicial en la mañana de ayer. Lo hicieron con diferentes abogados de oficio, a pesar de que habían contratado al letrado Javier Muriel para su defensa, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, dictara un auto que limita el derecho de defensa acogiéndose a los artículos 509, 507 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta medida excepcional dictada por el magistrado impide que los acusados puedan elegir letrado como medida de precaución para evitar que se enturbie la investigación.

Ayer, el abogado de los imputados mostraba su incredulidad por una medida judicial tan excepcional que «hay jueces que no la han aplicado en toda su carrera y antes se empleaba en España para delitos de terrorismo».

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada decretaba ayer prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para el padre Román Martínez Velázquez de Castro, supuesto cabecilla del clan de «Los Romanones», y libertad con cargos para los otros dos sacerdotes y el profesor de religión, detenidos por presuntos abusos sexuales a al menos dos menores. Pasadas las 20:30 horas se encontraban ya todos en la calle, incluido Román Martínez Velázquez de Catro, que abonó la cantidad solicitada por el juez al instante. A todos ellos se les imputan delitos contra la libertad e indemnidad sexual, según comunicó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El titular del juzgado decretó a su vez que los tres sacerdotes y el profesor de Religión tengan que personarse cada 15 días en el juzgado. Además, les ha ordenado el alejamiento y la prohibición de comunicarse con los dos denunciantes. De este modo, el juez asumió todas las peticiones del Ministerio fiscal respecto a la situación personal de los detenidos así como respecto a las medidas cautelares.

El magistrado también optó por levantar la medida de incomunicación con su abogado, Javier Muriel, que a partir de ahora pasará a representarles. Los acusados habían acudido al abogado una semana antes de ser detenidos por la Policía. Lo hicieron cuando vieron aparecer en los medios de comunicación sus iniciales. «Tienen la conciencia tranquila. Me han transmitido su incredulidad por los hechos que se les imputan, es una sorpresa que no podían llegar a imaginar, pero su mayor pesar es el daño que se ha causado a su familia y la instrumentalización que alguien quiere hacer de la Iglesia», refirió ayer Muriel. El abogado se mostró sorprendido incluso por la actitud de los sacerdotes: «Son personas sensatas, muy relajadas en sus formas, que viven su fe y se encuentran fortalecidos en sus creencias. Han aceptado la situación con una resignación que me ha llamado la atención», manifestó a LA RAZÓN. Tampoco han transmitido al letrado «ni críticas ni inquina» hacia los denunciantes. «No han entrado a valorar nada y están centrados en su defensa».

Mientras, la Policía tiene serias dudas de que la instrucción pueda seguir adelante teniendo en cuenta que la denuncia de la víctima «aporta poco» y está apoyada en el testimonio de ocho testigos, pero no hay pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados, manifestaron fuentes próximas a la investigación.

La Policía se incautó de dos ordenadores en los que, de momento, no se ha encontrado material que pueda culpabilizar a los detenidos y también desconfía de que hubiera podido haber un robo de ordenadores en el chalé en el que residían los sacerdotes.

Por otra parte, los docentes del instituto Alonso Cano, en Dúrcal, en el que impartía clases de Religión el detenido Sergio Quintana, también se mostraron ayer muy sorprendidos por su detención. «Llevaba diez años en el centro y nunca ha habido ninguna queja sobre su labor. Es una persona amigable, cercana y normal». Unos adjetivos que difieren de los afirmados por el personal del otro instituto granadino, La Laguna, donde impartió clases entre 2008 y 2012, al que citaron como una persona «muy retraída, tímida y que no se relacionaba con los compañeros». De momento, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía le ha suspendido de la actividad docente y ha solicitado que cualquier detalle que pueda ser útil para la investigación se traslade a la Inspección.