La Santa Sede toma el control del convento de las clarisas de Belorado

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha asumido el control de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, que forman parte de la comunidad de religiosas clarisas que el pasado día 13 anunciaron su salida de la Iglesia católica.

Además, ha requerido al falso obispo excomulgado, Pablo de Rojas, y al portavoz de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, José Ceacero, que abandonen el convento de Belorado, en el que se encuentran desde el anuncio del cisma.

La Santa Sede ha nombrado a Iceta 'comisario pontificio', lo que supone otorgarle poder total sobre los monasterios, en la toma de decisiones tanto administrativas y de vida religiosa como patrimoniales, incluida la representación legal en el ámbito civil, ha explicado el arzobispo en una rueda de prensa en la sede del Arzobispado de Burgos.

El nombramiento ha sido comunicado a la comunidad de clarisas a través del envío, este martes por la tarde, de un burofax a sor Isabel, que ha sido madre abadesa durante los últimos años y que en estos momentos ya no es abadesa pues ha expirado su último mandato, precisamente este miércoles, 29 de mayo.

La toma de control por parte de Mario Iceta tiene "efectos inmediatos" y, con la colaboración de despachos profesionales de servicios jurídicos en materia civil, fiscal y penal, el Arzobispado irá tomando las medidas oportunas para conseguir la salida de Pablo de Rojas y José Ceacero, así como para proteger a la comunidad de religiosas y el patrimonio vinculado.

"Las dos personas que no pertenecen a la Iglesia hay que recordarles que están un recinto católico", ha apuntado, y cualquier decisión, incluso el empleo de medidas de fuerza para conseguir su salida, se tomará si es necesario al amparo de la ley, a través de los despachos jurídicos, que en primer lugar pedirán su salida voluntaria.

El arzobispo de Burgos ha explicado que el nombramiento, realizado por el Papa, le otorga más autoridad que a la ya exabadesa y al consejo del monasterio incluido, con todas las competencias y atribuciones, pero también que actuará de manera colegiada, para lo cual, ha nombrado una comisión gestora.

De ella forman parte la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu y su secretaria federal, que velarán por el cuidado de la comunidad religiosa; el vicario judicial de la Archidiócesis de Burgos; y el director de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos, que coordinará los aspectos de índole civil.

Con ellos ha salido en rueda de prensa Mario Iceta, en la que ha insistido en que "quieren actuar con delicadeza y prudencia", pues el objetivo es que las religiosas "reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa". "No tenemos prisa", ha asegurado, y mantiene las puertas abiertas al diálogo, que es la vía prioritaria.

"Las hermanas merecen el máximo respeto y consideración", ha aseverado el arzobispo de Burgos, de ahí que "transcurrido un tiempo prudencial", sin plazos marcados, se requeriría a cada una de las religiosas de Belorado que "exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica".

Iceta ha indicado que la renuncia expresa y pública las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la Iglesia, por lo que sin necesidad de juicio canónico se abriría un procedimiento que acabaría con la excomunión de las religiosas y su expulsión de la vida consagrada, si bien "confía vivamente en que no sea necesario llegar a ese extremo".

Control del patrimonio

El nombramiento como 'comisario pontificio' otorga poderes a Mario Iceta que permiten controlar el patrimonio vinculado a la comunidad religiosa, pues, como ha indicado, los bienes de los tres monasterio pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto a personas físicas.

Ello supone que, en caso de suprimir los monasterios, todos los bienes quedarían en el ámbito de la Federación de Hermanas Clarisas, si bien el arzobispo ha destacado que los monasterios "han estado muy bien cuidados y el patrimonio, muy bien mantenido" y que no tienen ni sospechas ni indicios de que hayan intentado vender o enajenar bienes religiosos.

Sobre el procedimiento inspector abierto por un supuesto criadero de perros, ha explicado que no tenía constancia sobre su existencia pero que en diciembre pasado, en una visita al monasterio, les preguntó expresamente y le dijeron que no existía, y que la denuncia también se conoció a través del canal ético de la Diócesis de Burgos.