El pasado 26 de marzo, España contabilizaba ya 4.089 muertes por coronavirus y las atestadas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) habían atendido a 3.679 enfermos graves desde el estallido de la pandemia. La falta de camas de críticos y de respiradores obligaba incluso en esa fecha a los médicos de numerosos hospitales del país a aplicar triajes para seleccionar a los pacientes que podían ingresar en ellas en un proceso que dejaría fuera a miles de ellos con consecuencias funestas.

Ese día, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, acometió una compra destinada, en principio, a intentar paliar la situación. Se trata de una de las muchas adjudicaciones negociadas «sin publicidad aceleradas», es decir, sin concurso público, que se justificaron por la situación que entonces había de «extrema urgencia». El Ingesa, dirigido por Alfonso Jiménez Palacios, acordó con la firma Sysmed Co., LTD, con dirección entonces «desconocida», la compra de 1.000 dispositivos de ventilación mecánica por un precio de 771.220,10 euros.

A esa cantidad hubo que sumarle el preceptivo 21% de IVA, otros 161.956,22, y una partida de 77.122,01 en concepto de «tasas, aranceles y otros 10%», según la memoria justificativa. En total, las arcas públicas desembolsaron por esta operación 1,010 millones de euros, por lo que cada uno de estos dispositivos tuvo un coste de 1.010,29.

En dicha memoria, el organismo en el que Salvador Illa centralizó las compras en las semanas iniciales de la pandemia recalcaba que «se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada». La memoria subrayaba además en un epígrafe denominado «aspectos clínicos» que «una de las necesidades del mencionado procedimiento es poner dispositivos de ventilación mecánica a disposición de las unidades de cuidados intensivos en las que muchos de los pacientes afectados por el Covid-19 se encuentran ingresados».

El Ingesa añadía que, «por tanto, tener a disposición del Sistema Nacional de Salud estos equipos debe considerarse como una prioridad en estos momentos, ya que permitiría proporcionar a los pacientes en los centros hospitalarios, especialmente a los casos más graves, la asistencia adecuada». ¿Qué dispositivos de ventilación mecánica eligió el Ingesa? ¿Eran realmente aptos para su uso en unas UCIS que en ese momento se encontraban necesitadas de material ultraespecializado para el número creciente de enfermos que ingresaba a ellas? El modelo elegido por Ingesa era el BPAP30 Pro, según la memoria justificativa de la compra, y la descripción que figura es «Bilevel: CPAP, S, S/T, T».

Para los intensivistas, anestesiólogos, neumólogos y empresas que operan en el sector consultados por LA RAZÓN, la respuesta es que se trata de aparatos inservibles en el interior de las UCIS. Un anestesiólogo de un gran hospital de Madrid consultado por este periódico asegura, por ejemplo, que «los respiradores que se usan para transportar enfermos no valen para realizar ventilación mecánica en pacientes con SARS-CoV-2 porque los pulmones se vuelven rígidos por la fibrosis e inflamación. Por tanto, se requiere de un respirador potente y con diferentes patrones de ventilación para adaptarlo a la evolución pulmonar. Esos respiradores de traslado están contraindicados en UCI, y solamente podrían usarse para un momento puntual, como un traslado».

En este sentido, añade que «si el traslado junto a la prueba se prolonga hay que cambiar en la sala de respirador porque el paciente se desoxigena». La misma persona subraya que «si los pacientes no requieren UCI entonces no necesitan ventilación mecánica; por tanto, si los pulmones están lesionados (focos neumómicos) pero en menor grado, usamos otros medios para dar más oxígeno al paciente con el enfermo respirando por sí mismo. Pero si cae la SpO2 por debajo del 85%, al paciente hay que intubarlo en la tráquea y conectar el tubo a un respirador potente para ventilar los pulmones y que entre oxígeno y salga anhídrido carbónico». De acuerdo con esta versión, el modelo elegido por Ingesa apenas serviría para enfermos que no requieren UCI si no se dispone de otras opciones mejores.

Un intensivista de otro gran centro hospitalario de la capital remarca que los respiradores comprados son de ventilación no invasiva, se usan con mascarillas y sirven para la apnea del sueño y algunos tipos de bronquitis crónica, pero «no sirven para tratar la hipoxemia de una neumonía; es decir, no son aptos para los pacientes con Covid». Desde la industria tecnológica aseguran por su parte que los aparatos «no valen porque son solo no invasivos, sin posibilidad de soporte externo de oxígeno». Se podrían utilizar, a lo sumo, «como apoyo a pacientes con insuficiencia respiratoria para tratar de ayudarles». Los neumólogos consultados confirman que prefieren ventilar con otros equipos más potentes y «para pacientes muy hipoxémicos no valen».

Otro aspecto controvertido de la compra es la dirección de la empresa, Sysmed Co., LTD, ya que figuraba con domicilio desconocido. Sanidad ha corregido este «error administrativo», como lo denominó Illa, y ya figura que está en Shenyang, China. La elección de esta firma ha causado sorpresa en el sector que opera en España. Fuentes empresariales aseguran que los proveedores de terapia respiratoria domiciliaria disponen en nuestro país de modelos equivalentes de otras marcas.