Illa avaló la vuelta de mayores infectados a las residencias

Las órdenes ministeriales e informes técnicos que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo para las residencias, cuando ya había estallado en España la pandemia de coronavirus, mantenían un principio básico: como regla general, los responsables de estos centros de mayores debían proceder al aislamiento de los residentes sospechosos o infectados por Covid-19 para evitar en la medida de lo posible la propagación de los contagios.

El Ministerio de Sanidad propugnaba incluso esta medida, como informó ayer LA RAZÓN, aunque presentaran sintomatología respiratoria aguda. En los documentos, la derivación al hospital era un recurso subsidiario que prácticamente ni se menciona. Así ocurrió antes y también después de la declaración del estado de alarma, cuando el virus golpeaba ya con toda su crudeza a dichos centros de mayores y en algunos de ellos llegaban a acumularse los cadáveres.

Pese a la virulencia de los brotes que se estaban produciendo en ellos y al carácter vulnerable de los residentes, el propio departamento que dirige Salvador Illa defendía el reingreso en los mismos tras una estancia hospitalaria aunque siguieran infectados por el coronavirus. Así lo consignó este Ministerio en su «guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial», otro de los numerosos informes técnicos en continua revisión que ha ido elaborando el Gobierno a lo largo de esta crisis.

El texto original, que data del 24 de marzo, dedica su capítulo 7 entero a las actuaciones que deben emprenderse ante casos de esta nueva enfermedad. «El presente protocolo va dirigido a residentes que cumplan con las definiciones de caso posible, probable o confirmado y cuyo manejo pueda realizarse en el centro, o bien casos probables o confirmados dados de alta hospitalaria que precisan de seguimiento durante el período de convalecencia».

Al igual que en otros documentos de marzo, dicho capítulo defiende el aislamiento y las restricciones de movimientos de los mayores y añade un punto que no aparece en textos anteriores: «Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberán mantener aislamiento en la residencia o centro sociosanitario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo».

El informe insistía en que «los casos posibles, probables o confirmados que se atiendan en la residencia o centro sociosanitario deberán permanecer preferentemente en una habitación individual con buena ventilación (preferiblemente al exterior), con baño propio si es posible y con la puerta cerrada o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros con el resto de los convivientes».

El documento proponía restringir también las salidas fuera de la habitación al mínimo imprescindible y, si éstas fueran necesarias, «el residente deberá llevar una mascarilla quirúrgica». Incorporaba además unas pautas en caso de «agregación» de casos y brotes en residencias. Entre sus 14 puntos no figura la posible derivación a hospitales. Sanidad sí incluía la declaración urgente a Salud Pública, la designación de un responsable para actuar como interlocutor, la ubicación en habitaciones individuales de los infectados, la suspensión de las actividades grupales y la vigilancia activa de los trabajadores.