La Salud Pública merece una Agencia Estatal independiente

La futura Agencia Estatal de Salud Pública que el Gobierno pretende poner en marcha esta legislatura debería convertirse en una herramienta clave para reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Antes de estallar la pandemia, la Salud Pública era la hermanita pobre de las políticas sanitarias desplegadas por el Estado y las autonomías, y eso tuvo consecuencias funestas cuando el virus causante de la Covid-19 se instaló definitivamente en España. Las estructuras de vigilancia epidemiológica estaban infradotadas; los organismos con competencias sobre la materia, dispersos, y los dispositivos de alertas, descapitalizados.

El mejor ejemplo de estas graves carencias es el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que todavía dirige Fernando Simón. Sin apenas funcionarios bajo su mando, el polémico portavoz científico del Gobierno tuvo que echar mano en los primeros meses del drama de residentes y de técnicos de empresas en las que se externalizaron tareas para hacer frente a la bola de nieve causada por el SARS-CoV-2. Sin ir más lejos, el CCAES tardó semanas en ser capaz de conocer con una mínima fiabilidad el número de enfermos que ingresaban en las Unidades de Cuidados Intensivos, y ya se sabe lo que ocurre cuando falta información fiable, que las decisiones que se adoptan luego son erróneas, como así ocurrió en numerosas ocasiones.

La creación de una Agencia Estatal en la que trabaja el Ejecutivo, órgano que con verdadero ahínco lleva pidiendo el PP, constituye un acierto, pero habrá que estar atentos a la letra pequeña, porque si se limita a aglutinar funcionarios hoy dispersos y carece de independencia política será un verdadero fracaso.