Mónica García debería dar las gracias con rapidez y la mayor efusividad posible a Isabel Díaz Ayuso y a la Sanidad privada. Si no fuera por ambos, los vergonzosos datos sobre las listas de espera que hoy registra España llegarían a ser dantescos y, desde luego, un motivo más que suficiente para su destitución fulminante como ministra de Sanidad en todo Gobierno que se preciara de ser serio.

Sin la actividad de las clínicas y centros sanitarios de naturaleza empresarial o religiosa, la sanidad pública tendría que asumir alrededor de un 30% más de cirugías, aunque algunas fuentes llegan incluso a elevar el porcentaje hasta el 40%. Sería el colapso absoluto, la hecatombe sanitaria, porque no existiría ni capacidad profesional ni material suficiente para hacer frente a una demanda de tal calibre y los tiempos de demora quirúrgica se dispararían de forma desbocada. Estos tiempos de demora son también los que son y no mucho mayores porque las cifras de la Comunidad de Madrid mejoran las estadísticas globales. De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el propio Ministerio de Sanidad, los enfermos tardan en España una media de 126 días en acceder a un quirófano desde que el especialista les prescribe la operación. En la región que gobierna Díaz Ayuso, la demora media es de 48 días, 78 menos.

Haría bien García en convocar ya un pleno extraordinario y monográfico sobre las listas de espera para consensuar con las autonomías medidas radicales y homogéneas en el conjunto del país, una suerte de plan de choque urgente, y podría aprovechar, de paso, para pedirle la receta a la consejera de Madrid, Fátima Matute, a la vista de la inoperancia gubernamental en la resolución de este grave problema pese a las promesas electorales de la izquierda.