11.000 firmas de educadores sociales por un trabajo «seguro»

Tras el asesinato de Belén Cortés, la educadora social de Badajoz a quien tres jóvenes arrebataron la vida en un piso tutelado de menores con medidas judiciales, la profesión ha decidido alzar la voz y no cejar en su empeño hasta que mejoren las condiciones laborales del sector, amenazado por jóvenes cada vez más violentos y por una preocupante desprotección de los trabajadores.

En esta lucha está involucrada, entre muchos otros, Victoria Salinas, educadora social de 31 años, quien hace un año abandonó su puesto de trabajo en el centro de menores Zambrana, de Valladolid, porque no se sentía segura. Por este motivo, ayer entregó 110.000 firmas, reunidas a través de Change.org, en el Ministerio del Interior para pedir más seguridad en el puesto de trabajo de estos profesionales. «No se están poniendo los medios que necesitamos. Pedimos poder ir a trabajar seguros, que se exijan las medidas de seguridad y que se controlen. Se exige una ratio mínima de educadores por cada turno, por cada centro de trabajo. Queremos que se aseguren de que se cumplen porque no se están cumpliendo a nivel nacional», apuntó la trabajadora a la salida del ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska, según informó Ep.

La educadora social subrayó la «enorme repercusión» que ha tenido durante los siete días desde que se lanzó la campaña de recogida de firmas y lamentó que «mientras esto ha ocurrido, también han seguido ocurriendo incidentes graves en los centros de menores y agresiones».

Este diario publicó recientemente los testimonios de varios profesionales del sector describiendo cómo es su día a día, entre insultos, amenazas y agresiones. Vanesa, que lleva dos décadas ejerciendo como educadora social, reconoció haber sido amenazada de muerte con un cuchillo jamonero cuando estaba embarazada y confesó que «lo más bonito que nos llaman es ‘‘guarra’’ o ‘‘hija de puta’’».

Por su parte, Victoria reconoció que «aunque la lista de peticiones puede ser muy larga, lo fundamental es que podamos llevar a cabo nuestra labor con seguridad». Además, insistió en que tanto ella como muchos de sus compañeros, «por un motivo u otro», han sufrido «amenazas, lesiones y momentos muy duros. Pero lo que más sufrimos es la pasividad de nuestras administraciones públicas, sin lugar a dudas». También dedicó unas palabras para recordar lo ocurrido a Belén Cortés, y apuntó que resulta «impensable que estuviera sola en un turno que empezaba a las 8 de la tarde y que no contara con los menores ya en sus habitaciones».

Una situación que, lejos de ser algo puntual, se repite de manera constante en los centros concertados que gestionan fondos públicos y escatiman en cada una de las partidas. «En la mayoría de los casos, solo hay un profesional durante 12 horas, que se queda solo con todos los menores, que suelen ser entre cuatro y seis chicos», explica José Manuel, educador social, a este diario.

Victoria detalló ayer en su declaración de ante los medios que, «el día a día en un centro de menores consiste en el trabajo de atención directa, en el que se procura llevar a cabo tareas cotidianas con normalidad: horarios, normas, actividades que fomenten sus estudios, talleres prelaborales, actividades de ocio, de todo tipo. Y luego, a mayores, tenemos un trabajo de coordinación con los juzgados para elaborar informes que reflejen si los menores están consiguiendo sus objetivos o no. Aunque esto es lo fundamental, a menudo se nos añaden otras tareas», destacó.

En los comentarios de la petición, otros trabajadores sociales han contado su testimonio, como el de Borja Prieto, que trabaja como educador en un centro de reinserción social de menores y ha estado en «demasiadas situaciones violentas» que han «puesto en riesgo» su integridad física. Por su parte, Ana Donoso ha vivido «situaciones muy duras», y Rubén Rubio añade que está «harto de las malas condiciones del sector, la poca seguridad, el nulo reconocimiento, los salarios irrisorios y la gestión privada».