Las residencias, otra vez a su suerte

Las residencias de ancianos no han recibido «en absoluto» ningún tipo de ayuda material o de recursos humanos ni del Gobierno ni de las comunidades autónomas para combatir los nuevos brotes de la COVID-19, hay una «preocupante falta de coordinación» entre Sanidad y los centros de la tercera edad, y es «una temeridad» que los mayores puedan abandonar libremente estos modernos asilos para salir a la calle, porque se incrementa el riesgo de nuevos contagios. Este es el sombrío análisis que hace Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), una de las patronales con mayor representatividad en el sector, de la situación que atraviesan actualmente las residencias de ancianos, en las que han vuelto a saltar todas las alarmas por los nuevos brotes que salpican buena parte de las comunidades autónomas.

Uno de los brotes que más preocupa es el de un centro de mayores en Burbáguena (Teruel), que suma 63 residentes positivos, de los que tres han fallecido. A esa cifra hay que sumar 17 trabajadores contagiados, de los que cuatro están en cuarentena. Otra residencia en Aragón, ésta en Chumillas (Huesca), tiene contabilizados otros 63 casos positivos, de los que 53 son residentes y 10 empleados. El Gobierno aragonés ya ha anunciado que llevará ante los tribunales a la primera de las residencias ante «la gravedad de lo ocurrido y los indicios de delitos detectados». La Fiscalía tiene abiertas actualmente en España más de 400 diligencias a estos centros, de las que 178 son civiles y el resto de investigación, por hechos relacionados con la situación de los residentes durante el estallido de la pandemia de coronavirus. También hay residencias afectadas en el País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Extremadura.

«Desde que empezó la pandemia no hemos recibido en absoluto ninguna ayuda de las administraciones públicas, ni equipos de protección individual (EPI’s) ni ningún otro material, con la única salvedad de los test PCR que ya se están haciendo en los centros de mayores para tener un mapa de seroprevalencia, es decir, para saber qué residentes y personal han pasado la enfermedad, y por tanto tienen anticuerpos, y cuáles no», afirma Fernández-Cid, que se pregunta: «¿Cómo es posible que todavía se esté cuestionando si los EPI’s los tienen que conseguir y financiar las residencias o Sanidad? Pues evidentemente es Sanidad, porque ésta es una crisis sanitaria». Otras fuentes del sector coinciden en señalar que los gestores de las residencias, tanto públicas como privadas y concertadas, reclaman más recursos (los EPI’s han multiplicado su precio por cinco) y más rapidez en las pruebas PCR.

«Lo que echamos más en falta», prosigue Fernández-Cid, «es una mayor coordinación entre Sanidad y las residencias. Cuando un centro tiene un caso sospechoso de coronavirus, de lo que se trata es de actuar a toda velocidad para detectar los contactos estrechos y aislar no sólo a los mayores con síntomas, sino también a los que están alrededor, y lo mismo con el personal. Pero esa falta de coordinación se traduce en que Sanidad tarda varios días en venir a hacer las extracciones para los PCR, y otros cuantos días más en darnos los resultados, cuando deberíamos tenerlos como mucho en 24 horas».

El presidente de la FED recuerda que las visitas a los ancianos siguen restringidas a tres por semana con un máximo de una hora de duración cada una «porque de lo que se trata es de mantener la seguridad de los mayores». Y precisamente por ello considera «una temeridad que nos sorprende enormemente que los mayores sí puedan salir de los centros a pasear o a ver a su familia. Si ya tenemos un factor de riesgo en los empleados que entran y salen, otro en los familiares que vienen y van de visita, ¿por qué añadir otro más permitiendo que los residentes salgan a la calle y después regresen al centro? Los residentes deben estar en las residencias. Y si uno tiene que salir, cuando regrese debería estar en aislamiento y pasar un test PCR. Hay muchas salidas que son perfectamente evitables, porque son visitas a los parientes... Pues hombre, es preferible que venga la familia a la residencia y no que salga el mayor al domicilio familiar».

El pasado martes, el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acordaron elaborar y aplicar un plan de respuesta coordinada ante los rebrotes en las residencias de mayores, que incluye la obligación de los centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación del cumplimiento de las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la Covid-19. «Lo que me parece sorprendente es que, casi cinco meses después, el secretario de Estado de Derechos Sociales se decida, por fin, a convocar a las autonomías para plantear una respuesta coordinada ante los rebrotes en las residencias», lamenta Fernández-Cid. «Y también nos llama mucho la atención que planteen una serie de medidas que son el abecé de este sector, y que es lo que estamos haciendo ya. ¿Que si tenemos planes de contingencia? ¡Pues claro! ¿Que si tenemos protocolos de activación de alarma y aviso al sistema nacional de Salud? ¡Claro que los tenemos! ¿Que si tenemos un sistema diario de recogida de datos? ¡Si lo llevamos haciendo desde hace más de cuatro meses! La clave del éxito o del desastre está en si los servicios de Sanidad se van a poner en funcionamiento inmediatamente una vez que detectemos un caso».

La dificultad para asegurar una correcta protección del personal sanitario y de residencias de ancianos durante las fases más agudas de la epidemia de Covid-19 contribuyó a la tasa alta de contagios entre los profesionales de la salud, según advierte un informe sobre protección al personal sanitario elaborado por Médicos Sin Fronteras (MSF). El documento, presentado ayer, concluye que hubo varios factores que contribuyeron decisivamente a la alta tasa de contagios en el personal sanitario y de residencias de mayores: una indudable falta de EPI’s y de supervisión y formación en medidas de prevención y control de la infección; la escasez de pruebas de diagnóstico y criterios claros para su uso para la Covid-19 y la escasez de personal, y por tanto de descansos, que propició un uso incorrecto de los equipos de protección. En este sentido, MSF alerta de que los contagios entre sanitarios solo podrán limitarse si se proporcionan equipos de protección adecuaAdo insuficientes, especialmente en atención primaria y residencias».

Por otra parte, familiares y afectados por la situación en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria se concentraron ayer frente a la Consejería de Políticas Sociales, convocados por Marea de Residencias, para cargar contra el Ejecutivo regional por actuar con «desidia y falta de interés» y para exigir una ley estatal que regule el sector. «La situación sigue siendo igual de dantesca que hace cuatro meses, los usuarios viven en el abandono y nadie ingresa en una residencia por voluntad propia, sino porque eres una persona dependiente», expresaron en su manifiesto.