Sanidad propondrá un sistema de semáforos con cierres duros

Más de media España vería limitada su movilidad por tener una incidencia superior a 250 casos y un 15% de las UCI ocupadas

Los nuevos casos positivos por covid en Castilla y León, en torno a mil diarios en los últimos cuatro días, van en paralelo a los aumentos de ingresos en las plantas hospitalarias, que ya están como el 23 de abril con la primera ola, y en las ucis, en una situación como el 3 de mayo. En la imagen, un paciente llega a las urgencias respiratorias, zona covid-19, del Hospital Río Hortega de Valladolid. EFE/Nacho Gallego
Los nuevos casos positivos por covid en Castilla y León, en torno a mil diarios en los últimos cuatro días, van en paralelo a los aumentos de ingresos en las plantas hospitalarias, que ya están como el 23 de abril con la primera ola, y en las ucis, en una situación como el 3 de mayo. En la imagen, un paciente llega a las urgencias respiratorias, zona covid-19, del Hospital Río Hortega de Valladolid. EFE/Nacho GallegoNacho GallegoEFE

Aunque el Gobierno no descarta aprobar un toque de queda en toda España, siempre que el PP apoyase un estado de alarma durante 15 días, la idea que rondaba por el Ministerio de Sanidad era otra hasta que la Consejería de Sanidad de Madrid defendió en público el pasado martes su planteamiento. El departamento que dirige Salvador Illa postulaba, y aún lo hace, un proyecto que ha sometido a examen a las comunidades para la presentación de alegaciones y que se analizará hoy en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica.

Se trata de un sistema de semáforos que comprende varios factores para decidir el cierre de territorios. Como adelantó este periódico en su edición digital, el plan del Gobierno pasa por limitar la movilidad, cerrar el interior de los bares y reducir el aforo del metro y otros transportes colectivos al 30% en municipios grandes que entren en alerta alta o extrema. ¿Cuáles son? Los que, por ejemplo, presenten una incidencia de entre 150 y 250 casos diagnosticados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes y superen esa cifra siempre que, por ejemplo, mantengan las unidades de cuidados intensivos con más de un 15% de su capacidad o presenten un porcentaje de positividad de los test superior a lo razonable, que se fija por encima del 10%. A día de hoy, ocho autonomías superan ese riesgo alto. Se trata de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, además de Ceuta y Melilla, aunque son 12 las que registran ya una incidencia de más de 250 casos, junto con las ciudades autónomas.

Otro de los factores que el Ministerio valora tener en cuenta es la incidencia de casos diagnosticados en los últimos siete días, un parámetro que muchos epidemiólogos y economistas de la salud tienen incluso más en cuenta, por entender que mide mejor la situación exacta de la pandemia. El borrador del Ministerio restringe la movilidad en los municipios grandes que superen algunos de estos parámetros, limita el aforo de transportes públicos como el metro, el autobús y los aviones al 30%, ordena el cierre del interior de los bares aunque no así el de sus terrazas, que podrían abrir hasta en un 50%, y limita el acceso a residencias de ancianos y a playas.

Esta línea es más exigente que la empleada hasta ahora en la declaración del estado de alarma de Madrid ya que los umbrales son más bajos, pero no es aún del gusto de numerosos sanitarios próximos al PSOE, que son partidarios de una línea más dura. José Martínez Olmos, ex secretario general del Ministerio de Sanidad en los sucesivos gobiernos de Zapatero, defiende el sistema de semáforos, pero postula por ejemplo en su cuenta de twitter «un sistema de contención duro durante dos semanas en lugares por encima de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días y más del 15% de positivos en pruebas». Según señala, «creo que para evitar casos, muertes y un cierre total en Navidad, hay que tomar medidas ahora. Ya». A su juicio, es urgente actuar y definir ya ese plan de respuesta o habrá un coste alto en salud, vidas y economía. Olmos también defiende un estado de alarma de al menos un mes, como marco jurídico suficiente para medidas adaptadas a cada territorio: desde el confinamiento total al toque de queda nocturno.