Seis autonomías “militarizan” a sus sanitarios ante el temor a nuevos picos de Covid-19

Aprueban normas para suspender permisos y vacaciones, y trasladar profesionales de unos hospitales a otros en caso de necesidad

Exterior del Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el Hospital Isabel Zendal, en la zona de Valdebebas, Madrid (España)Eduardo Parra Europa Press

Aunque las medidas de limitación de la convivencia social y el cierre drástico de la hostelería están consiguiendo rebajar algo los contagios en los territorios más afectados por la Covid-19 en esta fase de la segunda ola de la pandemia, la alta ocupación de camas de agudos y de críticos en los hospitales mantiene en alerta máxima a las autoridades sanitarias. De momento, los servicios de salud de seis comunidades han optado estos días por «militarizar» a sus sanitarios por medio de nuevos decretos que intervienen su jornada laboral o recurriendo a otros ya aprobados con anterioridad, con el fin de mantenerles permanentemente movilizados en caso de que se produzcan nuevos picos de infecciones.

Se trata de los aprobados en Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía. A ellas se podrían sumar otras autonomías como Cataluña, que ya prepara planes en este sentido, y Madrid, que podría ponerlos en marcha tras la apertura del nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal, prevista para los próximos días. ¿En qué consiste esta «militarización» de los sanitarios, que ya ha suscitado la indignación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por considerar que se recurre a ella ante una escasez de plantillas de la que las autoridades ya estaban avisadas?

Las normas son variopintas, aunque la tónica común de todas ellas es que facultan a los responsables de salud a suspender permisos, descansos y en algunos casos hasta vacaciones. En Aragón, uno de los feudos con más contagios y ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) de toda España, el Gobierno regional aprobó una orden el día 3 en materia de recursos humanos. En su artículo 3 establece que «los gerentes del sector y la gerencia del 061 podrán autorizar de manera gradual, en función de la evolución de la crisis sanitaria, el disfrute de días de vacaciones, permisos y días de libre disposición, así como cualquier otro permiso o licencia que implique ausencia del puesto de trabajo, siempre que se halle garantizada la prestación del servicio».

En el artículo 4 establece que «cuando las circunstancias concretas que concurran en un determinado centro sanitario imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos, las disposiciones relativas a jornada de trabajo y periodos de descanso podrán ser transitoriamente suspendidas por el gerente del sector mediante resolución motivada, indicando las circunstancias concretas habilitantes de la suspensión, debiendo ser comunicada la adopción de tales medidas a la correspondiente Junta de Personal».

La norma también permite que el personal del Servicio Aragonés de Salud pueda ser adscrito temporalmente a puestos de trabajo que, como consecuencia de la situación epidémica, «se hallen coyunturalmente desatendidos, aunque estén ubicados en unidad o centro sanitario distintos al de su destino». Apunta, eso sí, que primará la «voluntariedad». La orden faculta también a los gerente a asignar al personal de los centros sanitarios funciones o tareas distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría y hasta especialidad, aunque «dentro de su grupo de clasificación».

Tampoco se concederán exenciones de guardias médicas y se podrán suspender las concedidas, así como prolongar la permanencia en el servicio activo, así como ordenar la reincorporación al mismo. En línea parecida una resolución de la Consejería de Sanidad de Valencia establece que «cuando se produjese una insuficiencia de personal facultativo especialista para atender adecuadamente las necesidades asistenciales en un determinado ámbito funcionarial, las gerencias y/o direcciones de los departamentos de salud o centros afectados podrán adscribir, tanto de manera puntual, a personal facultativo especialista a desempeñar funciones distintas de las habituales en su concreta especialidad». Precisa que «deberá acudirse de forma preferente al personal facultativo que se encuentre en posesión de una especialidad afín a aquella en que se produzca esa necesidad, ya que conlleva un mayor espacio de conocimientos compartidos, y cuenta con formación común».

También contempla la movilidad forzosa del personal en caso de no existir voluntarios. En principio, acudirían a un centro sanitario necesitado los que trabajan en centros limítrofes, aunque, «excepcionalmente, también podría recurrirse a los que ejercen en centros no limítrofes».

La normativa valenciana recoge igualmente la posibilidad de suspender licencias, permisos y vacaciones, así como reducciones de jornada. Estos decretos han llevado a CSIF a escribir una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que exige un «refuerzo inmediato» de las plantillas en la Sanidad a través de la Mesa General de las Administraciones Públicas. También le pide que se enmiende el artículo 19 del proyecto de ley de Presupuestos para 2021 con el fin de eliminar la tasa de reposición para la incorporación de personal en plazas de nueva creación y se habilite a las administraciones para contratar al personal necesario, especialmente en la Sanidad y en los servicios sociosanitarios.

Las autonomías están haciendo uso además de la norma aprobada por el Ministerio de Sanidad para decretar la movilidad forzosa de médicos y para contratar como especialistas a licenciados que no lo son.