El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia del ministro Salvador Illa ante la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, para que rinda cuentas «sobre el supuesto ejercicio de funciones sin respaldo legal» por parte de uno de sus principales altos cargos: la directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia, Patricia Lacruz.

La petición se ha producido después de que LA RAZÓN destapara ayer la situación en la que ha venido ejerciendo el puesto Lacruz desde el pasado mes de marzo. Como ha informado este periódico, el día 10 de ese mes, en pleno estallido de casos de coronavirus en España, el Gobierno aprobó un decreto destinado a desarrollar la estructura orgánica de Ministerio de Sanidad. Dicha norma modificaba otra anterior de enero y en ella se suprimía la Dirección General de Cartera Básica para crear otra que pasó a denominarse de Cartera Común, con funciones parecidas pero no exactamente iguales.

La Dirección General de Cartera Básica estaba ocupada hasta esa fecha por Patricia Lacruz desde su llegada al Ministerio de Sanidad de la mano de Carmen Montón en su etapa de ministra, y podía hacerlo pese a no ser funcionaria de carrera por contar con una dispensa especial, igual a la que gozaban otros directores generales del Gobierno que se encuentran en igual situación.

Al aprobar la nueva denominación de la Dirección General, el Ejecutivo debió incluir la dispensa para que Lacruz pudiera seguir ejerciendo el cargo de Cartera Común, pero no lo hizo, con lo que dicha dispensa simplemente desapareció. Esa exención debe ser expresa y estar contenida en un real decreto de estructura para ser plenamente operativa. Sin ella, ningún funcionario puede ser director general.

Desde ese momento, la directora general de Cartera Básica ha venido ejerciendo hasta el mes de noviembre el cargo de Directora General de Cartera Común sin respaldo jurídico suficiente para hacerlo, lo que podría tener consecuencias graves no sólo para ella, sino también para sus superiores. Además, las decisiones adoptadas con su firma desde marzo podrían ser susceptibles de anulación en caso de recurso o demanda por parte de algún afectado, según expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico, lo cual no es baladí.

Lacruz ha sido responsable en este tiempo de numerosas compras de material y equipos de protección. Entre su dirección general y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), también dependiente del Ministerio de Sanidad, gastaron alrededor de 1.000 millones de euros durante la primera ola de la pandemia. Entre esas compras firmadas por Lacruz figuran, por ejemplo, los test adquiridos a una empresa china no homologada por el Gobierno de aquel país cuando España carecía de medios diagnósticos, una partida que el Gobierno tuvo que devolver por su baja fiabilidad tras producirse un gran escándalo mediático.

Lacruz ha participado también en este tiempo en las Comisiones de Precios de los Medicamentos en las que se fija el valor al que los laboratorios podrán comercializar sus productos en nuestro mercado y ha tomado, asimismo, decisiones tan drásticas como la supresión de la financiación pública de las Sysadoas, unas medicinas sin alternativa segura en el mercado contra la artrosis, lo que ha levantado en pie de guerra a los pacientes y los fabricantes implicados.

Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, ha resaltado que las informaciones que llegan sobre la ocupación aparentemente irregular del cargo por parte de Lacruz generan «desconcierto, preocupación e incertidumbre» en la industria farmacéutica, por lo que, a su juicio, «el ministro debe dar las explicaciones pertinentes en el Congreso de los Diputados».

El pasado día 11 de este mismo mes, el Gobierno intentó corregir su error, ocho meses después, publicando en el BOE la destitución de Lacruz como directora general de Cartera Básica y nombrándola directora general de Cartera Común. Sin embargo, ha obviado incluir la dispensa para ejercer el cargo bajo esa nomenclatura sin ser funcionaria. Desde entonces, ha intervenido en decisiones fundamentales como la bajada del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables tras la reunión de la Comisión de Precios.

Por otro lado, el PP también incluyó ayer en el registro de la Cámara Baja la petición de comparecencia de Illa para que ofrezca su valoración y detalle sus propuestas concretas sobre la realización de test diagnósticos de SARS-CoV-2 en oficinas de farmacia en todo el SNS. El miércoles, Illa abrió la puerta a posible su realización por esta vía.