Al igual que está sucediendo con las oficinas de farmacia, las mutuas de accidentes de trabajo van a ser los siguientes «actores» en acudir en auxilio del Sistema Nacional de Salud en la lucha sin cuartel que libra contra la Covid-19 desde que estallara la pandemia hace casi un año.

De momento, estos entes colaboradores con la Seguridad Social han empezado a participar en la vacunación en la Comunidad Valenciana. Lo están haciendo aún en un grupo reducido de personas, el de los trabajadores de los centros sanitarios que se encuentran bajo su protección, incluidos los autónomos (odontólogos, podólogos, etc), pero su papel irá creciendo previsiblemente a medida disminuyan los problemas de suministro en toda Europa y aumente la llegada de nuevas dosis a España.

No será éste, sin embargo, el único territorio en el que operen. Según ha podido saber LA RAZÓN, otras regiones como Castilla-La Mancha han pedido también a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social su participación en el proceso de inmunización contra el virus, y Madrid ultima con ellas la firma de un convenio para que intervengan también en la práctica de test de antígenos en determinados colectivos profesionales, siempre dentro de los programas de cribado poblacional que marca el Ministerio de Sanidad, en el marco de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la Covid-19 aprobada por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud, el máximo órgano de coordinación sanitaria del conjunto del Estado.

Las mutuas de accidentes de trabajo ya tuvieron un papel muy activo durante la primera ola de la pandemia en nuestro país. En concreto, en aquellos momentos de llegada en tromba de pacientes a los hospitales por el aumento de los contagios prestaron asistencia sanitaria a más de 16.000 personas, tanto a través de sus propios hospitales como desplazándose a otros lugares como centros de salud, residencias de mayores y discapacitados, hoteles medicalizados y hospitales de campaña como el que Madrid montó en Ifema o como los que la Junta de Castilla y León activó en la Feria de Muestras de Valladolid o en Segovia.Las mutuas disponen de 23 hospitales propios y más de 1.000 centros ambulatorios repartidos por toda España, y llegan a contar anualmente con más de 14.800 profesionales sanitarios al servicio de los trabajadores y de las empresas.

Se trata de una red propia que puede ayudar a reforzar la labor de la Sanidad pública, sin coste adicional para las arcas autonómicas o del Estado. La participación de las mutuas en la detección de los casos de Covid, fundamental para limitar la expansión del virus entre los contactos de los infectados, contribuiría a descargar de trabajo a los centros de primaria, desbordados durante la tercera ola por el aumento de los contagios, las labores de rastreo y su implicación en la vacunación.

En principio, las mutuas podrían realizar cribados en la población que determinen las autoridades sanitarias de cada comunidad, de manera similar a como ya hacen más de 100 farmacias en la Comunidad de Madrid y en otros partes de España. Estos entes practicarían además las pruebas en el interior de sus instalaciones y emplearían a su propio personal. La participación de los trabajadores en estos cribados sería siempre voluntaria y se acotaría a los grupos determinados por las autoridades sanitarias en función de un área geográfica determinada o un sector económico concreto.

Los test de antígenos serían aportados por las autoridades sanitarias, así como los equipos de protección necesarios para la práctica de dichas pruebas. En todo caso, las tareas de obtención y análisis de las muestras extraídas se acometerían por médicos o personal de enfermería. Su participación se realizaría sin perjuicio de las principales tareas que las mutuas ya tienen encomendadas.