El Ministerio de Sanidad se ha abonado a los procedimientos negociados sin publicidad acelerados en los que la empresa adjudicataria es la única que se presenta a ellos. Durante la pandemia de Covid-19 ha realizado decenas de procesos de este tipo para la compra de materiales o la contratación de servicios. El último acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y corresponde a un acuerdo alcanzado el pasado año con una consultora denominada Aplica Investigación y Traslación S. Coop. Mad, con sede en la Plaza Luca de Tena de Madrid. En total, las arcas públicas le han pagado 18.089,4 euros, IVA incluido, por “informes de las capacidades estratégicas de las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja dentro del plan de transición hacia la nueva normalidad”. La instancia firmante es la Dirección General de Salud Pública, encabezada por Pilar Aparicio Azcárraga, la misma que estampó la firma al documento que impidió avanzar de fase a Madrid durante la desescalada, horas después de que la decisión fuera comunicada al Gobierno regional, lo que provocó un gran escándalo. El acuerdo “motivado” que figura en la Plataforma de Contratación del Estado no explica más detalles sobre la finalidad de dichos informes ni el contenido que debían tener. Tampoco las razones de que se encarguen desde el Ministerio estando las competencias sanitarias transferidas y los motivos de que sea la Sanidad de estas autonomías regidas por el PSOE y no otras las que tienen que ser objeto de análisis.