El Vaticano estrena ley anticorrupción: no a los regalos de más de 40 euros

El Papa no quiere mercaderes en su templo. Y si los hay, está dispuesto a echarlos. Con un nuevo “motu proprio” -decreto vaticano-, Francisco acaba de imponer nuevas reglas para impedir los negocios sucios en el interior de la jerarquía de la Iglesia. La Santa Sede se adhiere así a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción con el fin de evitar este tipo de prácticas.

El listado de normas es extenso. En primer lugar, los funcionarios deben firmar una serie de condiciones. Se les pide asegurar que no han sido condenados de forma definitiva en ningún Estado, no haberse beneficiado de indultos o amnistías, ni haber sido absueltos por la prescripción de algún delito. Además, tampoco es posible estar pendiente de juicios o “investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales” u otros delitos.

Los trabajadores están obligados a declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en paraísos fiscales, ya sea en efectivo o en acciones. Tendrán que demostrar que sus remuneraciones o bienes inmuebles que posean proceden de actividades lícitas. Y no será posible invertir en sociedades que “operen con fines contrarios a la doctrina social de la Iglesia”. Este último aspecto abre un espectro bastante amplio, que no queda del todo definido. Por último, se prohíbe aceptar regalos con un valor superior a 40 euros, ya que serían considerados cohechos.

Las medidas se dirigen a los cargos de responsabilidad de la Curia -con excepción del coto a los regalos, que afecta a todos los trabajadores del Estado de la Ciudad del Vaticano-, desde los cardenales jefes de los dicasterios, hasta los vicedirectores con contratos de al menos cinco años. También se incluyen los empleados con funciones de administración jurisdiccional o supervisión. Todos ellos deberán firmar una declaración en el momento de su contratación, que será renovada cada dos años. El Vaticano se reserva el derecho de comprobar las declaraciones de los implicados, como cualquier Hacienda, y en caso de falsedad podrá reclamar daños y perjuicios, además del despido del acusado.

“La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según las Escrituras, con la fidelidad en las cosas importantes”, dicta el encabezado del “motu proprio”. El nuevo decreto completa otras actuaciones anteriores para impedir la corrupción en el interior del Vaticano, como el endurecimiento de las condenas o el sometimiento a auditorías externas para vigilar el estado de las finanzas. La Santa Sede se encuentra inmersa en un escándalo por la compra de activos inmobiliarios en Londres, que provocaron un enorme agujero contable. El Vaticano acusa de estafa al intermediario Gianluigi Torzi, residente en Reino Unido, aunque el asunto ya le costó el cargo al poderoso cardenal Angelo Becciu, fulminado por Francisco.