Política sanitaria
Guerra Podemos-PSOE por la gestión privada de los hospitales públicos
El Gobierno lo permitirá con una nueva ley siempre que se justifique su necesidad
El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de una nueva norma sanitaria que no es del gusto de la principal formación que le apoya esta legislatura: Unidas Podemos. Se trata de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el acceso a la Sanidad pública, un texto que si bien impide establecer nuevos copagos, como demandaba la formación morada de Ione Belarra, no elimina, sin embargo, las colaboraciones público-privadas en la gestión sanitaria.
Lo máximo que asegura en este punto es que la llamada “gestión directa” de la prestación de los servicios sanitarios –regida por reglas de Derecho Público– será la modalidad prioritaria, pero no la única. En otras palabras, la normativa aboga por regir los hospitales y centros de salud de forma tradicional, como ya viene sucediendo con la mayor parte de los dispositivos sanitarios que funcionan en España, pero no cierra la puerta a que algunos de estos dispositivos presten servicio utilizando para ello el derecho privado. Es lo que hacían, por ejemplo, los hospitales de Alcira y Torrevieja, en la Comunidad Valenciana, hasta que fueron revertidos por decisión de la Generalitat de Ximo Puig.
Unidas Podemos reclama, en concreto, retocar la ley 15/97 de habilitación de nuevas formas de gestión, que permite la gestión privada de los centros públicos, un texto que aprobó el PP en la etapa de José María Aznar en el Gobierno, con José Manuel Romay como ministro de Sanidad, y que contó con el apoyo de las formaciones nacionalistas y del propio PSOE en el Congreso de los Diputados.
La responsable de la cartera de Sanidad, Carolina Darias, trató de quitar hierro a las disensiones internas en torno a la nueva ley y defendió tras la reunión del Consejo de Ministros que se trata de una norma “de todo el Gobierno” que, a su juicio, cumple, además, con el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y con el pacto de investidura. Se trata, dijo, de una norma “tremendamente importante” porque “mejora y amplía derechos de la ciudadanía”. En relación a la polémica, aseguró que “lo que hace es afianzar y apostar por la gestión directa en la prestación de los servicios”, al exigir argumentar y justificar por qué se recurre “a otras fórmulas” de gestión en el caso de que los servicios no se presten de forma directa en los centros sanitarios.
Pese a ello, los socios de Unidas Podemos han pedido al PSOE que rectifique y que en el trámite parlamentario acepte sus enmiendas para revertir incluso posibles “privatizaciones” en la Sanidad pública. “Privatizar la Sanidad pública, malvendiéndola a buitres, ahora se dice en neolengua colaboración público privada, que queda más cuqui”, lamentó el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Para la ministra Darias, la ley evita que se repitan situaciones del pasado, en referencia a los copagos sanitarios que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y que aumentaba la proporción que pagaban los ciudadanos en medicamentos, trayectos en ambulancias o productos ortopédicos, informa Efe.
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