Europa quiere vetar las importaciones de madera, café, carne, soja o cacao de zonas deforestadas

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles prohibir las importaciones de madera, café, carne de vacuno, soja, cacao y aceite de palma, así como de productos derivados de estas materias primas, si proceden de zonas deforestadas o degradadas a partir de enero de este año o han sido obtenidos incumpliendo las leyes del país de origen.

Es la medida estrella de la normativa planteada por el Ejecutivo comunitario --todavía pendiente de negociación y aprobación entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros-- para atajar la deforestación y degradación de la tierra, dos de los principales factores del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

En particular, el proyecto de reglamento impone a las empresas la obligación de demostrar que los productos de una serie de materias primas que importan por primera vez al mercado único no proceden de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

Tampoco podrán entrar en el bloque los productos que se han obtenido de manera ilegal, violando las normas establecidas en el país de origen. El incumplimiento de uno de estos dos requisitos “resultará en la prohibición de colocar estos productos en el mercado de la UE”.

Por ahora, la propuesta de Bruselas identifica seis materias primas “específicas” que estarán sujetas a estas normas (madera, café, soja, carne, aceite de palma, cacao), pero también están incluidos en la aplicación productos derivados como cuero, chocolate o muebles.

Así, las empresas europeas o extranjeras que quieran importar estos productos a la UE tendrán que establecer “sistemas de diligencia debida” que demuestren su procedencia. Para ello, tendrán que dar acceso a información como la cantidad de producto que quieren importar, el proveedor y el país de producción.

De la misma forma, un paso “clave” será informar de las coordinadas geográficas del área de tierra en la que se ha obtenido la materia prima del producto, combinando sistemas de geolocalización e imágenes por satélite, para que después las autoridades puedan comprobar que provienen de zonas “libres de deforestación”.

Además, el Ejecutivo comunitario ha propuesto a los eurodiputados y a los gobiernos otra normativa sobre el transporte de residuos. En concreto, aboga por restringir las exportaciones de residuos a países no pertenecientes a la OCDE, de forma que sólo serán autorizadas si el país receptor está dispuesto a recibirlos y es capaz de gestionarlos de forma sostenible.

Los Estados miembros de la UE podrán seguir exportando sus residuos a los países que sí forman parte de la OCDE, aunque estas operaciones estarán sometidas a vigilancia y “podrán suspenderse si generan grandes problemas medioambientales en el país de destino”.

Asimismo, todas las empresas europeas que exporten residuos fuera del bloque tendrán que garantizar que las instalaciones que los reciban estén sujetas a una auditoría independiente que demuestre que la gestión de los mismos es “respetuosa con el medio ambiente”.

Otra de las características de esta propuesta es que aumenta las competencias de la UE en la lucha contra el tráfico de residuos, que representa hasta el 30% de las operaciones de transporte y su valor supera los 9.500 millones. Así, sugiere la creación de un Grupo de Control y otorga a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el poder para apoyar operaciones transnacionales en la UE.

Por último, la Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia para la protección de los suelos con medidas encaminadas a la rehabilitación y el uso sostenible de los mismos. El 70% de los suelos de la UE no se encuentra en buenas condiciones, según datos de las autoridades comunitarias.

La estrategia recoge una mezcla de medidas voluntarias y obligatorias y tiene el objetivo de aumentar el carbono del suelo de tierras agrícolas, luchar contra la desertificación, rehabilitar tierras y suelos degradados y conseguir que todos los ecosistemas del suelo se encuentren en buen estado en 2050.

Esta hoja de ruta pretende que los suelos del bloque tengan el mismo nivel de protección que el agua y el aire y, para ello, Bruselas presentará en 2023 una propuesta legislativa. Antes realizará una evaluación de impacto y lanzará una consulta en la que podrán intervenir todas las partes interesadas, informa Ep.