La nueva versión de laLey Orgánica del sistema universitario (LOSU) que presentó ayer el ministro Subirats supone claramente una mejora de los textos, quiero hacer memoria que era un borrador del Estatuto del PDI y ya no recuerdo si dos o tres versiones de la LOSU, de Manuel Castells desde el punto de vista técnico. Supongo que los nuevos aires en la subsecretaria del departamento han causado su efecto. Se han dejado de regular los más mínimos extremos de la organización universitaria para remitirse posteriormente a desarrollos reglamentarios. También mejora el tratamiento de algunas figuras de personal docente, favoreciendo la entrada de talento. Por otro lado, aspectos que crearon polémica pasan a ser materia de posterior desarrollo, dejando la puerta abierta a los herederos del Conde de Romanones. Hasta aquí las buenas noticias que les puedo contar. El texto de Subirats sigue sin afrontar algunos de los problemas más importantes el sistema universitario español y, además, crea algunos otros que podían haberse evitado, bien sea con una redacción mejorable o simplemente habiendo evitado haber hecho referencia a temas tan escabrosos como las acreditaciones de profesorado o las Guías Docentes.

Empecemos por temas que siguen sin avanzar o que simplemente han retrocedido en esta versión de la norma. En cuanto a la gobernanza, dos aspectos fundamentales. El Ministerio retrocede a la primera versión de la Ley respecto a cuál era el perfil de aquellas personas que podían ser rectores. La fuerte contestación a la redacción inicial, que permitía que cualquier funcionario docente fuese rector, hizo que la segunda versión incluyese unos requisitos mínimos como, por ejemplo, tener experiencia investigadora. En este borrador, todas esas exigencias, que parecen lógicas, vuelven a desaparecer. Esto lleva de nuevo a la crítica que ya se hizo anteriormente de que sería recomendable que el máximo responsable de la Universidad fuese alguien que hubiese llegado al máximo de su desarrollo docente e investigador y que, por lo tanto, fuese catedrático. Si se concatena esta decisión con otro cambio en el texto que permite la acreditación de catedráticos y titulares se haga, a través de un convenio con la ANECA, por las agencias controladas por las comunidades autónomas, la pregunta es qué puede salir mal. El Ministerio reniega de su redacción, pero lo escrito, escrito está. Lo mismo sucede con la composición que se le da a la participación de los estudiantes en la elaboración de las guías docentes, que la norma considera vinculante. La guía docente es el documento que concreta la planificación docente de las asignaturas e incluye entre otros ámbitos, los contenidos, la metodología docente y la evaluación. Tal y como dice la norma es necesario que los estudiantes participen en su elaboración de forma vinculante. No me malinterpreten, creo que su aportación es clave para una mejora en el aprendizaje, pero también creo que sus aportaciones deben ser preceptivas y no obligatorias.

Por otro lado, Subirats no incluye una demanda histórica de los estudiantes, como es incrementar su participación en los órganos de Gobierno universitarios y redunda en un aspecto ya incluido en la ley de convivencia universitaria como es el derecho de los estudiantes a la huelga, que pasa a llamarse paro universitario. Se vende como gran novedad un cambio de nombre que, además, ya venía siendo regulado por las distintas universidades. Para que todo siga igual también se modifica el nombre los contratados doctores, ahora llamados profesores permanentes. A cambio, no hay solución a la situación precaria de los falsos asociados de nuestras universidades… La única duda es saber si Subirats va a querer que se mejore el texto y se discuta profundamente en el Congreso, en línea con el resto del Gobierno, y con el oscuro precedente de la ministra Celaá, hurtará su discusión a través de una aprobación rápida y sin discusión aplicando el rodillo de su coalición. Lo veremos…