Enfrentamiento en el Gobierno por la ley de equidad sanitaria

Las relaciones entre los partidos del Gobierno presentan cada vez peor salud. La última herida abierta se vivió ayer tras la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, avisó horas después de que es posible que no salga adelante en el Congreso si no es modificada para «derogar de verdad» la privatización de la sanidad. Aunque reconoce Echenique «ciertos avances» avisa de que «tiene que ser modificada en el trámite parlamentario para derogar de verdad la ley 15/1997 de José María Aznar de privatización de la sanidad. Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el congreso». Se da la circunstancia de que dicha ley fue aprobada por el Ejecutivo del PP con el apoyo del PSOE.

¿Qué presenta la ley que ha molestado tanto a los socios del PSOE? En principio, nada de lo que pueda objetar Unidas Podemos: se cierra la puerta a nuevos copagos, se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía la asistencia universal.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión, la defendió porque, a su juicio, «blinda» la sanidad pública, de forma que el modelo de gestión «preferente» a partir de ahora será el directo, es decir, realizado directamente por las administraciones públicas.

Un punto clave es que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud –que precisamente hoy se reúne en Valencia– será el que determine las pautas para decidir si las comunidades autónomas que quieran gestionar de forma privada un servicio sanitario cumplen los requisitos o no. Darias defendió este punto porque, aunque las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías, el anteproyecto presenta «excepciones» para que la gestión de los centros sanitarios sea «indirecta», es decir, a través de modelos privados, pero solo como «complementaria y de apoyo. Nunca sustituiría a la pública», aseguró Darias. De esta forma, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria «cuando no sea posible la gestión directa» y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como «la optimización de recursos sanitarios» o la «insuficiencia de medios propios para prestar los servicios».

También se contempla la posibilidad de realizar, dentro de un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, una «modificación legislativa y normativa» a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir y recuperar privatizaciones de centros sanitarios.

Igualmente, el Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios «única» evitando las discrepancias de prestaciones entre regiones que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.

El anteproyecto, resaltó Darias, busca por otra parte «establecer la eliminación de los copagos sanitarios», especialmente en transporte sanitario no urgente, y amplía la excepción –al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos– del ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, es decir, a las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad y a personas de rentas bajas con hijo a cargo.

En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

Un punto importante sobre lo anterior que cambia de forma clara es que ahora cualquier extranjero en España disfrutará de la sanidad pública desde el primer día sin cortapisas. Hasta ahora la normativa de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (también conocida como Ley de Extranjería) señalaba que sólo gozarían de sanidad pública sin limitaciones los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, o los que sufran una urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. También los menores de 18 años y las extranjeras embarazadas durante el embarazo, parto y postparto.

Si se aprueba el anteproyecto, en su artículo 3 bis se señala la variación fundamental: la sanidad pública estará abierta también ahora a «personas no registradas ni autorizadas como residentes en España, personas solicitantes de protección internacional, personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el período de restablecimiento y reflexión».