El Gobierno aprueba la nueva Ley de Equidad que cierra la puerta a nuevos copagos y limita las privatizaciones en la sanidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía la asistencia sanitaria universal.

Según ha detallado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una de las medidas más importantes del Anteproyecto es “blindar” la sanidad pública, de forma que el modelo de gestión “preferente” a partir de ahora será la “directa”, es decir, la realizada directamente por las administraciones públicas. En cualquier caso, también se establecen “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo como “complementaria y de apoyo”. “Nunca sustituiría a la pública”, ha asegurado Darias.

La aprobación de esta norma fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Cártama (Málaga) donde aseguró que la ley servirá para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y evitar que “no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma”.

El plan ha generado un nuevo punto de fricción con Unidas Podemos. Mientras el Consejo de Ministros daba luz verde a la ley de Carolina Darias, la formación morada, que ve insuficiente la legislación en cuanto a los límites puestos a la privatización, amenazaba con tumbarla en el Congreso de los Diputados. Así lo han trasladado el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y el diputado y candidato de Por Andalucía por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, ante la aprobación de dicho proyecto de ley, paso previo para comenzar su tramitación en la Cámara Baja.

En Twitter, Echenique ha defendido que esta ley propuesta por el Ministerio de Sanidad debe ser modificada en el parlamentario para “derogar de verdad” la ley 15/1997, promovida por el Gobierno que presidió José María Aznar, y que habilita la gestión indirecta en la sanidad pública. “Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el Congreso”, ha advertido.

De hecho, los morados ya avanzaron el año pasado sus planes para suprimir la ley desplegada por el PP y ya avanzaron que rechazaban la redacción propuesta por el Ministerio de Sanidad. Ayer, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, enfatizó que han trasladado al PSOE su preocupación ante la propuesta de la ministra Carolina Darias, por entender que no cierra la puerta a las privatizaciones de centros sanitarios.

Ante las críticas de su socio de Gobierno, Darias ha defendido la norma. “Es una Ley que mana del Consejo de Ministros, ha sido tremendamente enriquecida participada. Del texto aprobado en primer vuelta al de hoy hay cambios sustanciales, hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar”.

Las novedades de la ley

El Anteproyecto, según ha resaltado Darias, también tiene como objetivo “establecer la eliminación de los copagos sanitarios”, especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos. Estos colectivos son personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo. Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas 6 millones de personas.

Igualmente, el Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios “única”, evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.

En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

También se persigue que esté garantizado el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.

Otros aspectos que recoge el Anteproyecto son, en primer lugar, la necesidad de que todas las iniciativas legislativas del Gobierno conlleven una evaluación sobre su impacto en la salud, sobre todo en materia laboral, de vivienda, transporte, ordenación del territorio, agricultura o salud animal. “Esta evaluación va a ser determinante para conseguir que la salud esté en todas las políticas”, ha esgrimido Darias.

El Anteproyecto establece igualmente un “avance” en la gobernanza del Sistema Nacional de la Salud (SNS), estableciendo la evaluación de las políticas públicas a través de indicadores, un extremo muy reclamado desde distintos colectivos sanitarios para mejorar la atención.

También se regular formalmente la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial. Concretamente, el Foro Abierto de la Salud, que existía hasta ahora de manera temporal, adquirirá ahora naturaleza “permanente”. Formarán parte asociaciones de pacientes, personas con discapacidad y colegios profesionales.

Por último, entre otros apartados, se regula el tratamiento de los datos sanitarios en la planificación o gestión, la asistencia sanitaria o la vigilancia en Salud Pública en aquellos aspectos no regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Críticas

La norma ha recibido críticas tanto de los sectores defensores de la sanidad pública como de la privada. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, ha apoyado que se “blinde” la sanidad pública, al tiempo que se “refuerza” la colaboración público-privada para “conseguir la mayor eficiencia”. “Blindar nuestro actual modelo sanitario universal, público y gratuito es proteger el eje del bienestar y la justicia social. Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese destino, al tiempo que reforcemos también la colaboración público-privada para conseguir la mayor eficiencia”, ha comentado Cobo en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el anteproyecto “no blinde la provisión pública” y consolide el modelo de mutualidades de funcionarios. Así, y tras reconocer que contiene mejoras sustanciales sobre el anteproyecto, la organización ha criticado que siga abriéndose paso modelos privados que se dice serán “excepcionales”, pero sin fijar criterios concretos para esa excepcionalidad, así como tampoco sistemas efectivos de control de la misma.

Sin embargo, desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han manifestado su “inquietud” ante la Ley, que, a su juicio, “convertiría a España en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su SNS”. “Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia de la COVID-19 sin tener a los recursos privados a disposición”, ha recordado este jueves el presidente de ASPE, Carlos Rus.