Casi la mitad de los colegios mayores, obligados a reconvertirse tras lo ocurrido en el Elías Ahuja

Casi la mitad de los colegios mayores de España tendrán que reconvertirse si sale adelante la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOSU), que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado. La norma, a su paso por el Congreso, incorporó una enmienda presentada por Más País-Equo, que impide que los colegios mayores adscritos a las universidades públicas puedan segregar por sexos, una situación en la que se encuentran 47 de los 110 que hay abiertos en España, según los cálculos del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España. La modificación se introdujo en una disposición adicional a raíz de la polémica del colegio mayor masculino Elías Ahuja, de Madrid, después de que se hiciera viral en redes sociales el vídeo con gritos que lanzaron a sus vecinas del colegio mayor femenino Santa Mónica de «ninfómanas», «putas» y «os vamos a follar», aunque algunas de las increpadas afirmaran no sentirse ofendidas.

Las tres fórmulas

Si la norma sale adelante en el Senado tal y como llegó del Congreso, obligaría a los colegios mayores afectados a buscar tres posibles alternativas: reconvertirse en centros mixtos (cosa que ya han rechazado algunos vinculados a fundaciones, órdenes religiosas o bien pertenecientes al Opus Dei, por una cuestión conceptual y de principios); transformarse en residencias universitarias; o bien convertirse en centros adscritos a universidades privadas. Así, una vez aprobada la Ley, las instituciones tendrán que determinar de qué manera afronta la situación.

La decisión no tendrá que ser inmediata, la deberán adoptar cuando expiren los convenios con las universidades y, en la mayoría de los casos, vencen en un plazo de tres o cuatro años, según el Consejo de Colegios Mayores Universitarios. El Grupo Popular en el Senado, no obstante, tratará de enmendar este punto para que no salga adelante y se centre en que sean las universidades, mediante sus estatutos, las que establezcan las normas de creación, supresión y funcionamiento de los colegios mayores.

La ley reconoce su labor científica y cultural, que fortalece la formación integral de sus colegiales, y los blinda como instituciones universitarias gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, un aspecto que fue consensuado con el Consejo de Colegios Mayores, que no oculta su disgusto por el hecho de se haya prescindido de su opinión en el punto en que se excluye de estar adscrito a una universidad pública a aquellos que solo son masculinos o femeninos. «Lo idóneo hubiera sido que nos consultaran nuestro parecer al respecto. Además, las problemáticas que se suponen que desean erradicar con la aprobación de esa enmienda tiene raíces mucho más profundas que un colegio mayor esté adscrito a una universidad pública o privada», detallan a LA RAZÓN desde la institución. Los Colegios mayores no quieren desvincularse de las universidades públicas porque desde su origen siempre han estado unidos a ellas. Algunas de las más antiguas, como las de Salamanca, Granada, Valladolid o la misma Complutense de Madrid nacieron a partir de un colegio mayor. «Para nosotros es importante seguir porque desarrollamos una extensa actividad extracurricular en el ámbito de la cultura, el deporte, la solidaridad....Y en la mayoría de los casos llevamos dando servicio a los campus desde hace 50 años. Somos entidades sin ánimo de lucro al servicio de los universitarios y de la sociedad en su conjunto, no somos empresas dedicadas al alojamiento de los estudiantes... No repartimos dividendos ni recibimos dinero público para desarrollar nuestra actividad», subrayan. Las universidades también pierden con la nueva situación porque muchos colegios mayores, al estar ubicados en suelo de la universidad, contribuyen con un canon. Además, «somos instituciones que atraemos talento, dinamizamos los campus a través de nuestra actividad cultural, artística, científica y deportiva (abierta en muchos casos a la comunidad universitaria) y tenemos un amplio programa de becas». Esa vinculación hace que la universidad sea quien audite a sus colegios universitarios y ejerza capacidad de control y actuación. Incluso tienen capacidad de sancionarle, añaden desde la institución.