Aumentan hasta un 14,1% en un año los menores condenados por delitos sexuales

En el año 2022 se registraron 3.201 condenados adultos por delitos sexuales, lo que supuso un 0,2% más que el año anterior. El 97% fueron varones y el 3% mujeres. Y aún más grave: en el caso de los menores, hubo 501 condenados por este tipo de delitos, un 14,1% más que el año anterior. El porcentaje entre hombres y mujeres es exactamente el mismo que en adultos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por número de delitos, los adultos cometieron 3.835, un 3,2% menos que en 2021. De este total, 762 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 1.458 abuso sexual, y 462 agresión sexual, de las que 46 fueron consideradas violación. Por su parte, los menores cometieron 636 delitos, un 4,4% más que en 2021. De este total, 389 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 134 abuso sexual, y 27 agresión sexual, de las que cuatro fueron consideradas violación.

Uno de los casos de abusos más conocido estos días es el de usar programas de software para «desnudar» a menores en las redes, hecho ocurrido en Almendralejo (Badajoz). La Fiscalía de Extremadura analizará si la difusión de estas fotos «son o no indiciariamente constitutivos de delito» en el caso de los menores implicados que cuenten con 14 años o más.

Así lo destacó hoyal Fiscalía de Extremadura después de que la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz recibiera el atestado realizado por la Policía Nacional.

Destaca que tras el análisis y estudio de esta documentación, el Ministerio Fiscal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, «decidirá sobre la incoación del oportuno expediente si los hechos son o no indiciariamente constitutivos de delito, en el caso de los menores implicados que cuenten con 14 años o más».

Además, apunta la Fiscalía que practicará, en su caso, «las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho y de la responsabilidad de cada uno de los menores en su comisión».

Respecto a los menores que no tengan 14 años cumplidos, según el artículo 3 de esa misma ley, la Fiscalía señala que «se le aplicarán lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes».

En estos casos, el Ministerio Fiscal remitirá a la Junta de Extremadura testimonio de los particulares que considere precisos respecto de ellos, a fin de valorar su situación, y será la Junta de Extremadura la que promoverá las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquéllos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

También hoy se supo que las imágenes que se compartían en el chat de menores de un centro educativo de Astillero (Cantabria) que está investigando la Guardia Civil por su contenido sexual y agresivo «revolvían el estómago», según los denunciantes.

En las conversaciones de WhatsApp abundaban los insultos, vejaciones a otros niños y amenazas de palizas con «stickers» de contenido pedófilo, mutilaciones, disparos o decapitaciones, entre otras «salvajadas».

«No sé cuánto llevan expuestos a este tipo de material, pero están normalizando unas cosas aberrantes», lamentó a Efe una de las denunciantes.

Además del contenido sexual y violento que se compartía en ese chat, en el que participaban menores de 14 y 15 años, las familias han denunciado la existencia de un segundo grupo, en el que había más de cien hombres, incluidos adultos «desconocidos para los niños».

A través de este grupo, que según los denunciantes coadministraba el menor que enviaba ese contenido, uno de los niños afectados recibió llamadas de adultos preguntándole sus datos personales y donde vivía. La Guardia Civil investiga, tras la denuncia de dos madres del colegio, la veracidad de las imágenes y la existencia de ese segundo chat en el que participaban supuestamente adultos.

Las familias han denunciado también que sus hijos han sufrido amenazas por parte del menor implicado después de que mostraran su disconformidad con lo que se compartía por ese grupo.

En paralelo a la actuación policial, la Fiscalía de Menores de Cantabria también investiga los hechos.

El centro ha abierto un expediente de investigación de carácter interno que está supervisando el servicio de inspección educativa de la Consejería.

Sin embargo, una de las madres que ha denunciado afea que después de poner en conocimiento de la dirección del centro los hechos, que ocurrieron a principio de curso, les manifestaron que «no podían hacer nada» y el director no se ha puesto en contacto con ellos.

A disposición de Interior

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, aseguró que su Consejería se pone a disposición con las autoridades y fuerzas y cuerpos del Estado para «esclarecer todos los hechos lo antes posible».

Silva añadió que su departamento trabaja «coordinadamente» con el colegio San José de Astillero, desde el que han señalado que no harán declaraciones sobre este asunto, para hacer un seguimiento «directo y en tiempo real» del expediente abierto.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, hizo un llamamiento a educar a los niños en el buen uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, no solo en los centros educativos sino también en los hogares.

A preguntas de los periodistas por la investigación de la Guardia Civil, Quiñones señaló que se trata de un proceso judicializado y del que no se pueden dar detalles.

Sobre lo que dicen las leyes respecto a la edad penal en delitos sexuales, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cree que en la jurisdicción de menores «el castigo o punición es muy relativo» porque no se trata de castigar, sino de «reeducar y conseguir que los jóvenes alcancen la madurez suficiente para no volver a delinquir y para interaccionar en la sociedad a la que pertenezcan con normalidad. En ocasiones es difícil trasladar los términos que utilizamos en la jurisdicción de mayores sobre castigo, punición y penas a la jurisdicción de menores, que tiene otro propósito y está diseñada para funcionar de otra manera», insistió García Ortiz.

El fiscal general indicó que la posible rebaja de la edad penal «es una discusión muy antigua» que de vez en cuando se pone de relieve cuando ocurren determinados comportamientos, «pero la respuesta del Derecho y la Fiscalía no se queda solo en la punición».