Bruselas lleva a España ante el Tribunal de Justicia por incumplir la directiva del agua: "No ha hecho esfuerzos suficientes"

La Comisión Europea (CE) ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber ultimado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca y de sus planes de gestión del riesgo de inundación, de conformidad con las directivas sobre agua e inundaciones. Bruselas también llevará ante la Justicia europea a Bulgaria, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovaquia, que al igual que España recibieron cartas de emplazamiento formal en febrero de 2023, seguidas de dictámenes motivados en septiembre de 2023, por no haber actualizado ni revisado estos planes. En concreto, España -además de Malta y Portugal- aún no ha informado en su totalidad sobre su tercer plan hidrológico de cuenca y su segundo plan de gestión del riesgo de inundaciones.

“A pesar de que se han registrado algunos avances, seis países siguen incumpliendo sus obligaciones en virtud de una o de las dos directivas”, indica el Ejecutivo comunitario. Considera, por tanto, que “los esfuerzos que hasta la fecha han realizado las autoridades han sido insuficientes". La Comisión recuerda que los Estados miembros deben actualizar y notificar cada seis años sus planes hidrológicos de cuenca, los cuales incluyen un programa de medidas que son fundamentales para garantizar el buen estado o el potencial de todas las masas de agua. Igualmente, deben actualizar y notificar cada seis años sus planes de gestión del riesgo de inundación, que Bruselas considera “fundamentales” para reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

La directiva marco sobre el agua se centra en garantizar una buena salud cualitativa y cuantitativa de las masas de agua europeas, como los ríos y los lagos. Tiene por objeto reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya agua suficiente para cubrir al mismo tiempo las necesidades humanas y las de la fauna silvestre, apuntó la CE. En ese sentido, constituye una parte esencial del Pacto Verde Europeo y resulta necesaria para alcanzar sus objetivos en materia de clima, naturaleza y reducción de la contaminación. Al mismo tiempo, destacó que el cumplimiento de la directiva sobre inundaciones es clave para la preparación ante ese fenómeno y su gestión.

Gestión de residuos

Por otro lado, la CE ha anunciado que también llevara a nuestro país ante la TJUE por incumplimiento de los requisitos de la directiva marco de residuos, que exige que los Estados miembro adopten todas las medidas necesarias para garantizar que su gestión no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente. Los países de la UE también deben garantizar que los residuos se eliminen de forma segura y que los productores originales de residuos los traten ellos mismos o garanticen que el tratamiento se realice de forma adecuada.

España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir estos requisitos y Bruselas apunta que la persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados y restaurados desde 2008 está causando daños importantes al medio ambiente y poniendo en peligro la salud humana. Esto demuestra también que España no ha cumplido con sus deberes de escrutinio, inspección y aplicación de la ley en materia de vertidos de residuos, lo que genera riesgos para la salud y el medio ambiente, que el Pacto Verde Europeo pretende abordar.

La Comisión envió una carta de emplazamiento formal a España en diciembre de 2015, seguida de un dictamen motivado en noviembre de 2018, en el que se daba dos meses a las autoridades para tomar las medidas pertinentes antes de recurrir a la Justicia Europea. A pesar de algunos avances, el Ejecutivo comunitario considera que las autoridades españolas no han subsanado plenamente las deficiencias y que sus esfuerzos han sido insuficientes hasta la fecha, por lo que ha decidido elevar el caso ante el TJUE.