«Caso sor María», cerrado

«Se ha muerto en silencio, no ha dicho nada», se lamentaba ayer Guillermo Peña, el abogado de la asociación, SOS Bebés Robados, tras conocer el fallecimiento de María Gómez Valbuena, conocida como sor María. La monja de 87 años, fallecida el martes, según confirmó el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, era la primera imputada por el presunto robo de bebés en clínicas madrileñas, por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

A instancias de la Fiscalía había abiertos varios procedimientos en diferentes juzgados de Plaza de Castilla contra la religiosa y al menos en tres de ellos figuraba como imputada. Sin embargo, dos de ellos se archivarán una vez que el juzgado correspondiente reciba la acreditación del deceso de la monja, que no es otra cosa que el certificado de defunción, explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)

Sólo un caso en el que está acusada también una doctora podría seguir adelante, al no ser la monja la única implicada, aunque su participación parece ser tangencial. No obstante, en este caso también el juez instructor podría archivar la causa si lo considera oportuno.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando el implicado en un supuesto delito fallece y es el único imputado, se procede al archivo del procedimiento, aunque la causa puede volverse a reactivar en el momento en el que existan indicios de criminalidad de otras personas.

De las tres causas pendientes, la más avanzada era el caso de María Luisa Torres, que denunció a la religiosa por el robo de su bebé en 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina. Acusó a sor María de haberle quitado a su recién nacida «por adúltera», ya que el bebé no era de su marido. La denuncia se admitió a trámite por el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que dirige el magistrado Adolfo Carretero Sánchez. El pasado mes de abril fue citada a declarar por el magistrado. Acudió al juzgado, pero se acogió a su derecho a no declarar. Eso sí, pocas horas después, la religiosa hizo pública una carta con la que trató de exculparse de las acusaciones que se le hacían. «Me repugna en lo más hondo de mi ser –separar a un hijo de su madre–considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones y amenazas». En la carta, también destacaba su dedicación a ayudar a los más necesitados a lo largo de toda su vida por sus convicciones y aprovechó para agradecer su apoyo a las personas que le habían manifestado su afecto en la delicada situación en la que se encontraba.

Sin embargo, después, varios médicos de la clínica madrileña testificaron y apuntaron a la religiosa como única responsable de las adopciones. Ayer, la asociación SOS Bebés Robados no ocultaba su disgusto al ver cómo la causa más avanzada que tenía en los juzgados se quedaba en nada. Eso sí, tanto la mujer que sentó a la monja en el banquillo como su hija, lograron reencontrarse 29 años después gracias a un programa de televisión.

Otro de los casos que se archivará será el relativo a dos gemelas desaparecidas en 1981, que se encuentra en el juzgado de instrucción número 50. Precisamente, la monja fue llamada a declarar el pasado viernes, pero no acudió alegando motivos de salud. De hecho, las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, ayer explicaron que la religiosa se encontraba «muy enferma».

El único caso que podría prosperar es la denuncia de una mujer que denunció el robo de su bebé en el que también estaba imputada una doctora, aunque en la parte que afecta a la religiosa se archivará. El abogado de sor María, siempre destacó la «austeridad» y el «recogimiento» en la que vivía la monja durante los últimos años de su vida y que no podía aguantar «la presión mediática».

Ayer, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometió con las familias de los bebés robados a ponerse a disposición de su causa.