Centenares de pacientes sin asistencia sanitaria por la huelga de ambulancias en el País Vasco

La huelga de ambulancias en el País Vasco que, en teoría, terminó ayer, ha perjudicado a cientos de ciudadanos que no han podido acudir a sus citas de diálisis, quimioterapia o radioterapia, entre otros servicios sanitarios. Ha sido casi una semana en la que se han sucedido atentados a ambulancias (84 han sido siniestradas o vandalizadas) y coches particulares de mandos intermedios de la patronal, coacciones y amenazas anónimas- incluso en video, animando a la violencia contra sus compañeros y compañeras de las cooperativas y lanzando amenazas directas contra ellos haciéndose pasar por un anuncio del Gobierno Vasco - por parte de los sindicatos adscritos a la izquierda abertzale, ESK (Convergencia de Izquierda Sindical) y LAB (Comisiones de Obreros Abertzales).

De hecho, el Gobierno Vasco, formado por PNV y PSE-EE, ha acusado a EH Bildu de "agitar las movilizaciones laborales". El objetivo principal de los ataques ha sido la Asociación Empresarial de Ambulancias del País Vasco (EOGE), integrada por las cooperativas Grupo La Pau y Ambulancias de Gipuzkoa, a la que usan como "chivo expiatorio" de sus demandas, que no son otras que la de que se nacionalice el servicio y que los trabajadores pasen a ser empleados del Gobierno Vasco, con sus mismas condiciones. Una demanda que a la EOGE no le compete, pero se encuentra en el medio de esta “guerra abierta” de la izquierda abetzale para debilitar al Ejecutivo regional.

La EOGE denunció el pasado martes que piquetes de los sindicatos convocantes habían impedido el cumplimiento de los servicios mínimos en Bilbao, decretados por el Gobierno Vasco. De este modo, los principales perjudicados han sido los ciudadanos más vulnerables, los que necesitan atención médica ambulatoria periódica y vital para tratar las enfermedades que padecen. En muchas ocasiones durante estos días de huelga, la Ertzaintza ha tenido que intervenir para evitar el correcto funcionamiento de los serviciosmínimos.

Incluso ayer, un día después de que finalizara la huelga oficial – que, según la patronal, no ha sido secundada ni por el 28% de los trabajadores- la cooperativa de ambulancias La Pau denunció "el sabotaje de cuatro ambulancias en Bilbao a pesar de que la huelga haya finalizado a las 00:00 horas del miércoles 11 (aunque la huelga no es excusa para ningún tipo de atentado, coacciones o amenazas como las realizadas estos días). Estos atentados están dificultando el correcto desarrollo de la actividad de las ambulancias, y los que losufren son los pacientes.La Pau no entiende el desprecio hacia ellos por parte de los culpables de estos atentados".

La patronal sigue abierta al diálogo

Aun así, sometidos sus miembros a amenazas y coacciones, la patronal ha reiterado- y sigue haciéndolo- su llamamiento a recuperar el diálogo y les ha recordado que su oferta para el 2° Convenio de Ambulancias del País Vasco- que afecta a 1.800 personas trabajadoras, la gran mayoría de La Pau- presentada el pasado 29 de septiembre, sigue en pie y esperando respuestas.

La oferta recoge, en concreto, un incremento del 21,66% del salario hora- 4% para cada uno de los cinco años de vigencia 2024-2028- además de una reducción de jornada de 8 horas en 2024, y 4 horas en cada uno de los siguientes cuatro años, pasando de 1.712 horas anuales a 1.688 en 2028, 24 horas menos en total. La patronal añade que, para poder valorar esta propuesta en su justa medida, hay que tener en cuenta el contexto, que es que "los trabajadores de este sector en el País Vasco son los que menos horas trabajan de todo el país-1.712 horas anuales frente a las 1.800 horas de media a nivel estatal- y los que más ganan de media- 16,88€/hora, frente a los 11,94 €/hora de media a nivel estatal".

La condiciones propuestas cumplirían- en teoría- las demandas de los trabajadores, que reclaman, entre otras cuestiones, la equiparación de las condiciones del personal del transporte sanitario con las condiciones del personal del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), el mantenimiento del poder adquisitivo de las plantillas y la garantía de cumplir lo pactado.

Sin embargo, ninguno de los sindicatos convocantes (ELA, LSB-USO, LAB, CCOO y UGT) ha querido sentarse a negociar desde que la patronal pusiera sobre la mesa esta oferta.

"No somos una multinacional ni un fondo de inversión, pero hemos trabajado para presentar una oferta que signifique una mejora sustancial de los salarios y las condiciones de trabajo", señaló Manuel, director general de la cooperativa La Pau, a este periódico hace un par de días. "Hacemos una llamada desde aquí al sindicato y a todos sus representantes para que se sienten con nosotros en la mesa y juntos busquemos la manera de mejorar y fortalecer los servicios, siempre en beneficio de los que nos necesitan. Por nuestra parte, los socios de la cooperativa están abiertos a sentarse a negociar, y dejar de lado las graves amenazas que han recibido a través de las redes sociales y en persona", añadía.

La solución no parece fácil, ni cercana. Los sindicatos convocantes han manifestado su unión ante este conflicto- aunque, por supuesto, se han desligado de haber realizado o promovido los actos vandálicos, las amenazas y las coacciones- y en vista de las posturas distantes que existen, no descartan nuevos paros o incluso la "huelga indefinida" de cara a la próxima reunión del 27 de octubre.