Clínicas abortistas niegan fraude e irregularidades en gestión de residuos

Los representantes legales de cuatro clínicas abortistas han negado hoy ante el juzgado de Instrucción número 11 de Madrid la comisión de fraude, estafa e irregularidades en la gestión de residuos e historiales clínicos, como ha denunciado la Asociación Española de Abogados Cristianos. Los administradores de las clínicas Callao, Dator, Pacífico y El Bosque han optado por responder únicamente a las cuestiones planteadas por sus defensas y no han respondido a las preguntas de la acusación particular que ejerce este colectivo de abogados, según han informado a EFE fuentes de la citada asociación.

Los representantes de los centros donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo tampoco han atendido las preguntas de los medios de comunicación sobre supuestas deficiencias en el tratamiento de residuos y datos personales, así como sobre presuntos delitos de fraude fiscal y estafa a la Seguridad Social, denunciados inicialmente por la Asociación la Vida Importa. La Asociación Española de Abogados Católicos sostiene que los centros ocultan parte de su facturación para eludir el pago de impuestos, que inflan su cuenta de gastos de forma artificial para reducir sobre el papel sus beneficios y por ende la tributación, y que se deshacen de forma indebida de expedientes médicos con datos personales y de residuos biosanitarios peligrosos.

Los representantes de esta asociación han admitido a EFE que no disponen de cifras "exactas"y que sus cálculos son una "estimación", pero han subrayado que "algo tendrán que ocultar"las clínicas cuando se niegan a declarar porque, a su juicio, los representantes de los centros "habrían respondido a las preguntas si no tuvieran nada que ocultar". En esta línea, la presidenta de la Asociación Española de Abogados Católicos, Polonia Castellanos, ha dicho hoy que el "desprecio por la legalidad y por las mujeres"y el incumplimiento "sistemático"de las normas por parte de estos centros "es un secreto a voces"y ha reclamado "una justicia igual para todos"y que las clínicas abortistas "tengan garantías", pues "juegan con la vida de las mujeres".

Tras las declaraciones de hoy, la acusación popular solicitará que se compruebe la existencia y los términos de los contratos de gestión de residuos de las clínicas con terceros, así como la revisión del número de trabajadores del que dispone cada centro de alta en la Seguridad Social.