Detenidos 66 miembros de cinco grupos criminales que ocultaron más de 400 millones de clubes de alterne

Un total de 66 personas han sido detenidas en el marco de una operación de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en la que se han desarticulado cinco organizaciones criminales que gestionaban clubes de alterne y ocultaron al fisco 400 millones de euros obtenidos con esta actividad en los últimos cinco años. El dinero se ocultaba a través de un complejo entramado de ingeniería financiera, cometiendo un fraude fiscal de 117 millones de euros en ese periodo. Además, los beneficios obtenidos se blanqueaban usando una red societaria que giraba en torno a una empresa guipuzcoana que estaba siendo investigada desde 2010.

Según ha informado la Agencia Tributaria en una nota de prensa, en los más de cinco años que han durado las investigaciones se han registrado 14 clubes y 21 domicilios y se han analizado más de 750 cuentas bancarias. Esto último ha permitido relacionar a la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado, ubicados en distintos puntos de España. Asimismo, se han intervenido 1,2 millones de euros en efectivo, obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo --alguno valorado en unos 30.000 euros--, cuatro armas de fuego y abundante munición. También se han bloqueado, por orden judicial, 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, siete embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.

Víctimas

En esta operación, enmarcada en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, se ha localizado a 349 posibles víctimas de explotación en los clubes. La mayoría son ciudadanas extranjeras que proceden de los estratos sociales más bajos de sus países de origen y que constituyen el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en España como en dichos países.

En los clubes eran obligadas a acatar toda una serie de normas impuestas por las organizaciones sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes, cómo realizar los servicios sexuales (imponiéndoles criterios como la no utilización de preservativos para determinados actos) y con un sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala. Cada local tenía sus propias especificidades. Así, uno de ellos había empezado a contratar a las mujeres explotadas en sus clubes, obligándolas a pagar los gastos e impuestos ocasionados, para eludir así las posibles responsabilidades ante una posible inspección o actuación policial.

Otra organización mantenía sometidas a las mujeres y las obligaba a ejercer la prostitución con continuas palizas y amenazas. Otra trataba de ocultar la relación entre empresario y empleadas mediante pretendidas propinas que los clientes supuestamente dejaban a las mujeres cuando las invitaban a una copa, como pago por su compañía.

Cinco años de investigaciones

La fase de actuaciones previas comenzó en 2010, cuando los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el País Vasco comenzaron a investigar a uno de los sujetos implicados por presuntos signos externos de riqueza generados por el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Entonces ya detectaron vínculos con la sociedad radicada en San Sebastián a la que los investigadores han acabado atribuyendo el papel de facilitador en el entramado a través de la puesta a disposición de los clubes de las Terminales Punto de Venta (TPV) que utilizaban para el fraude y el blanqueo.

Posteriormente se detectaron diversos comentarios en foros de Internet donde las esposas de presuntos clientes de estos clubes señalaban sus sospechas sobre la ocultación de pagos con tarjeta de crédito en estos establecimientos, llegando a citar el nombre de la sociedad que figuraba como receptora de dichos pagos, que coincide con la 'facilitadora' de los TPV y gestora de los cobros con estos terminales.

En 2012, estas investigaciones confluyen con las que estaba desarrollando la UDEF de la Policía Nacional sobre la empresa guipuzcoana, y en 2013 se sumó la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos. El caso se judicializó en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El análisis de más de 750 cuentas bancarias permitió relacionar a la sociedad facilitadora con los clubes. Los clientes de los clubes abonaban sus pagos a través de los TPV y con tarjeta, incluida una comisión del 10 por ciento que se ingresaba en cuentas bancarias de la sociedad guipuzcoana en las que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes.

Estos retiraban luego el dinero a través de empresas vinculadas al entramado, lo que dificultaba el rastreo del origen del dinero, y tanto la sociedad facilitadora como los clubes declaraban sus operaciones como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o ni siquiera las declaraban. Finalmente, el dinero se blanqueaba utilizando el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles o muebles o las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de euros.

La operación la han llevado a cabo el Area Regional de Vigilancia Aduanera de Vizcaya, la Oficina Nacional del Investigación del Fraude, la UCAI y las Dependencias Regionales de Inspección e Informática del País Vasco de la Agencia Tributaria, junto con la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial. Además, han colaborado funcionarios de las delegaciones de la Agencia Tributaria en Cataluña, Murcia, Navarra y Valencia, junto con agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Murcia, Alicante, Navarra, Málaga, Zaragoza y Pontevedra, UIP, Guías Caninos

y GOIT.