El PP propone la creación de un Registro Central de delincuentes sexuales en la Ley de Infancia

El Grupo Popular en el Congreso ha propuesto la creación y puesta en marcha en España del primer Registro Central de delincuentes sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN, y que además será confidencial. Se trata de una propuestas recogida en las cerca de 60 enmiendas que los 'populares' han planteado al proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como al proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, a las que ha tenido acceso Europa Press.

Así, plantea la adición de una nueva disposición al texto legal presentado por el Gobierno, titulada 'Creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales', que contempla la puesta en marcha de este 'archivo' dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. En ella, explica que se creará "a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y la Agencia de Protección de Datos", y en el plazo de seis meses desde la publicación de la ley las disposiciones reglamentarias oportunas"relativas a la organización del mencionado registro.

Además, señala que la Administración General del Estado colaborará con las autoridades competentes de los estados miembros de la UE para facilitar el intercambio de información en este ámbito. "Con ello se pretende hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos no sólo en España sino también en otros países", esgrime el PP. El proyecto de ley de Infancia y Adolescencia establece en su articulado, y como requisito para poder ejercer una profesión que implique el contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores.

A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. En este contexto, el PP también plantea en su paquete de enmiendas añadir una disposición transitoria a la ley relativa a la 'Certificación de antecedentes penales', que deberán presentar esas personas que trabajen y estén en contacto habitual con menores.

De esta forma, proponen que, hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, dicha certificación será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales. En Estados Unidos, por ejemplo, los registros se emplean desde hace décadas, son de acceso público en Internet y llevan aparejados otras gravosas medidas como la notificación a la comunidad o las restricciones en el establecimiento de domicilio.