Entra en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales

El Registro Central de Delincuentes Sexuales entra en vigor este martes y deberán acudir a él todas las personas que trabajan en "contacto habitual"con menores de edad para acreditar que no han cometido este tipo de delitos.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales entra en vigor este martes 1 de marzo y deberán acudir a él todas las personas que trabajan en "contacto habitual"con menores de edad para acreditar ante su empleador que no han cometido este tipo de delitos. La creación de este registro fue aprobada el pasado 11 de diciembre en el Consejo de Ministros para cumplir una previsión de la Ley Orgánica de Medidas de Protección de la Infancia que a su vez, obedece al Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa que España ha ratificado y que ha permitido la creación de registros similares en otros países europeos, como Reino Unido. El objetivo es proteger a los niños de agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes de seres humanos condenados por sentencia firme tanto en España como en otros países y a su vez, favorecer la cooperación policial internacional contra estos delitos de los que sólo a nivel nacional tienen antecedentes más de 43.700 personas.

Para ello, se impone que la persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá presentar ante su empleador una certificación negativa que acredite que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, deberán acreditar además que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país de origen o en donde sean nacionales. Aunque desde la entrada en vigor de la Ley de Infancia en agosto ya es exigible la presentación de antecedentes penales negativos y algunos centros educativos han comenzado a pedirlos en procesos de selección de personal, será a partir del 1 de marzo cuando puedan obtenerse las certificaciones específicas sobre delitos sexuales, según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

Mientras entraba en funcionamiento este registro, los antecedentes se han podido recabar en el Registro Central de Penados, pero se trata de un informe con todo el historial del individuo que deja a la vista del empleador cualquier hecho delictivo que haya cometido a lo largo de su vida, tenga o no relación con los menores de edad, tal y como han venido denunciando sindicatos de enseñanza.

En todo caso, la nueva base de datos recogerá tanto la información de los condenados en firme dentro y fuera de España como su perfil genético si así lo decide un juez y a ella tendrán acceso los propios interesados, que podrán pedir el certificado gratuitamente; los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y cualquier órgano de la Administración Pública en un procedimiento que requiera de esa información, siempre con autorización de la persona.

De hecho, el encargado del Registro sólo podrá realizar certificados de los datos inscritos sin consentimiento de los interesados cuando exista petición expresa de las entidades públicas de protección de menores para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, así como a instancia de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación, conforme manda el Real Decreto.

En este sentido, si bien la norma define la naturaleza, finalidad, funciones y organización del Registro, no entra a regular la casuística relativa al cumplimiento de esa prohibición, como el modo en que se controlará que un autónomo que trabaja con niños no tiene esos antecedentes o el proceder y los plazos que habrán de seguir los centros educativos para acreditar que sus empleados tampoco los tienen.

El Real Decreto establece en su disposición adicional segunda que "en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias, en colaboración con los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promoverá las adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibición"de que estos condenados trabajen con menores.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha afirmado que trabaja en el diseño de un protocolo para la implantación entre los profesionales sanitarios de los certificados negativos del registro de agresores sexuales. "Estamos trabajando preparando un protocolo para que esto se pueda poner en marcha sin causar ningún perjuicio y con todas las garantías para los profesionales sanitarios", ha señalado en declaraciones a los medios en la Secretaría de Estado de Igualdad.

Según ha señalado, el registro mediante el que cualquiera que trabaje en contacto con niños está obligado a certificar que no tiene antecedentes penales por delitos contra su vida, su integridad o indemnidad sexual, "es una garantía para ellos y para el conjunto de la sociedad y no tiene que resultar ningún inconveniente".

"Hemos trabajado y trabajamos con los profesionales sanitarios y con las comunidades autónomas y esperamos cerrar un protocolo para que esto se pueda aplicar de la mejor manera y tengamos todas las garantías", ha añadido.

Fuentes de su departamento explican que el Ministerio ha optado por elaborar un protocolo para clarificar qué profesionales sanitarios han de presentar este certificado y cómo debe realizarse este trámite, ante las dudas planteadas desde ciertos sectores, como los MIR, en torno al alcance de la medida.

El registro de agresores sexuales fue creado en la Ley de Protección de la Infancia para dar cumplimiento al Convenio de Lanzarote, con objetivo de sacar a los pederastas de los ámbitos preferentes de relación con menores, como las aulas. Bebe del registro general de penados y contiene información tanto de condenas por delitos sexuales como de perfil genético de los agresores o características de sus víctimas.

Aunque desde la entrada en vigor de la Ley de Infancia en agosto ya es exigible la presentación de antecedentes penales negativos y algunos centros educativos han comenzado a pedirlos en procesos de selección de personal, será a partir de este martes 1 de marzo cuando puedan obtenerse las certificaciones específicas.