Esta es la solución que propone la Agencia Negociadora para acabar con los okupas: “Es la única viable”

Los okupas siguen campando a sus anchas por las casas españolas y expulsarles es un proceso largo y tedioso. El mejor ejemplo de ello es la situación de los okupas de Carabanchel, que aún no han sido desalojados al completo y ya piensan en asaltar nuevas viviendas en otras zonas de la capital. Los procesos judiciales son largos y a veces inefectivos, ya que el decreto social, prorrogado hasta final de año, impide desalojar a cualquier okupa que sea vulnerable.

Ante esta situación, se han realizado diferentes propuestas desde distintos ámbitos. La abogacía propone que pueda desalojarse en 48 horas una vivienda ocupada ilegalmente, Junts registró una ley, a la que ha tenido acceso este diario, se aspira a posibilitar un desalojo en 48 horas y se busca impedir "dilaciones en la recuperación posesoria por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble". El PP también tramitó una ley "antiokupa" en el Senado y contó con la abstención de Junts, aunque está bloqueada en el Congreso. La última propuesta ha llegado desde la Agencia Negociadora del Alquiler y, a su juicio, es la "única solución viable para erradicar, de una vez por todas, el fenómeno de la okupación de viviendas".

Así es la "única solución viable" para acabar con los okupas

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) defendió este lunes que "cuando un okupa entra ilegalmente en una vivienda, ya sea por razones de vulnerabilidad o no, debe ser desalojado por las fuerzas de seguridad, dotándolas de las competencias necesarias para intervenir, al igual que ocurre cuando un ladrón es detenido por robar".

"Este enfoque administrativo evitaría la intervención judicial, que a menudo retrasa los procedimientos debido al carácter garantista de nuestro sistema judicial, al mismo tiempo que aliviaría la carga de trabajo de los tribunales, permitiéndoles centrarse en otros asuntos", declaró la ANA en un comunicado compartido por Servimedia. Es decir, su postura es que estos casos no deben ir por vía judicial.

"La única solución viable para erradicar, de una vez por todas, el fenómeno de la okupación de viviendas debe ser administrativa, delegada en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal como sucede en otros países de Europa", explican. En algunos países europeos se actúa de manera inmediata para evitar lo que ocurre en España.

Legislar procedimientos rápidos no será útil

"Los esfuerzos deben orientarse, no en legislar procedimientos más rápidos para desalojar a los okupas, que en la práctica no están dando resultados efectivos, sino en dotar a nuestros cuerpos de seguridad con las herramientas necesarias para actuar de inmediato ante una ocupación", agregó.

Y añadió que, ya sea en un plazo de 24 horas, como ocurre actualmente, o en un plazo mayor, "lo cierto es que para este tipo de ilegalidades no deben existir plazos de actuación, si no que se debe actuar a partir de cuando se descubre la comisión del delito".

La ANA pide que todos los contratos sean por escrito

Además, la ANA sostuvo que se debe obligar a que todos los contratos de arrendamiento sean por escrito, eliminando así los acuerdos verbales que hoy en día siguen siendo una fuente de conflicto. También solicitó crear un registro público de contratos de arrendamiento con inscripción obligatoria para todos los alquileres de viviendas, similar a los que ya existen en diversas comunidades autónomas. Esta inscripción debería producir efectos jurídicos frente a terceros.

Dudas con el decreto social

"Estos decretos, que producen efectos jurídicos al aprobarse, pero que luego pierden validez al suspenderse, solo para ser reactivados nuevamente sin certeza de su continuidad (dependiendo de su convalidación por el Congreso de los Diputados), no hacen más que agravar la falta de estabilidad", lamentó la ANA en un comunicado después de que el Gobierno aprobara el decreto social acordado con Junts.

También preguntó al Gobierno que cómo espera que propietarios, inversores o promotores quieran apostar por el mercado de alquiler de viviendas cuando se enfrentan a tantas limitaciones e incertidumbres. Entre estas citó las restricciones en los precios que pueden fijar para el alquiler de sus viviendas, las limitaciones para actualizar las rentas, el aumento de la duración obligatoria de los contratos, la creciente carga fiscal que deben soportar o la falta de protección efectiva contra la okupación.