¿En qué afecta la entrada en vigor del nuevo decreto social a los desalojos de okupas?

La situación ha dado un vuelco desde el inicio de la semana. Hasta la noche del lunes, fuentes gubernamentales mantenían que no se aprobaría un nuevo decreto social en el Consejo de Ministros de este martes. Sin embargo, la presión de los socios, de la oposición y la percepción de lo arriesgado del movimiento han llevado al presidente a ceder en el pulso que había emprendido con Junts.

El Gobierno y los de Carles Puigdemont alcanzaron un acuerdo para aprobar este mismo martes un nuevo decreto social troceado. Pedro Sánchez compareció para explicar unas medidas que aparecen en el Real Decreto-ley 1/2025, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

En este nuevo acuerdo se incluirá la revalorización de las pensiones, ayudas a la DANA, ayudas al transporte público y el salario mínimo. También entran de nuevo en vigor otras medidas y una de ellas está relacionada directamente con la okupación y sobre todo con la inquiokupación. Este contenido será algo diferente y los últimos detalles se pactaron durante la mañana del martes. De hecho, produjo un retraso en el Consejo de Ministros para tratar de dar más margen a la negociación y no dilatar una semana más la aprobación de las medidas.

Así afectará a los okupas el acuerdo entre el Gobierno y Junts

El acuerdo entre el Gobierno y Junts para aprobar el decreto ómnibus vuelve a incluir la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, es decir, todo se mantendrá igual en este aspecto que antes de la última votación en el Congreso que tumbó el decreto ómnibus inicial. Por lo tanto, ningún okupa e inquiokupa vulnerable, tenga o no sentencia judicial firme en contra, podrá ser desahuciado.

El BOE lo explica de forma muy clara: "Extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En el capítulo I de este título se establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos, así como, en consonancia, la posibilidad de solicitar hasta el 31 de enero de 2026 compensación por parte del arrendador o propietario".

El Real Decreto-ley 11/ 2020 vuelve a ser la clave

El Real Decreto-ley 9/2024, es decir, el primer decreto ómnibus que fue tumbado por el Congreso, incluía una prórroga hasta final de 2025 del Real Decreto-ley 11/2020, que impide el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Este Real Decreto-ley 1/2025 vuelve a incluir esta medida, que lleva implantada desde la pandemia e impide que cualquier okupa o inquiokupa vulnerable, que son los casos más habituales, sea desalojado pese a tener una sentencia judicial firme.

Esto afecta a multitud de propietarios, muchos de ellos pequeños, que no pueden recuperar sus casas, ocupadas de forma ilegal. Junts la ha aceptado, pero ha pedido una seguridad mayor para los propietarios, lo que ha incluido una nueva medida.

El nuevo sistema de avales para los propietarios

Dentro de este Real Decreto-ley también se incluye el sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos de alquiler. El Gobierno busca con este sistema asegurar al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años, según detallaron fuentes del Ministerio de Vivienda.

Los propietarios piden no ser más el "escudo social"

Desde el Gobierno se ha hablado siempre de que esta medida de la paralización de los desahucios para las familias vulnerables era un "escudo social" para que no se quedaran en la calle. Sin embargo, desde asociaciones de propietarios como Aprovij, presente en el Congreso en la pasada votación, piden que el escudo social sea el Gobierno y no los propietarios: "Llevamos siendo escudo social desde el 2020. No podemos echar a nuestros inquilinos morosos vulnerables ni con orden de desahucio. Inquiokupas. El PSOE y sus socios nos están usando. Lo decimos claro: no vamos a ser más el escudo social de nadie".

Piden que no se mezclen temas que no son iguales y se muestran a favor del resto de medidas sociales: "Que dejen de tomar como rehenes a la ciudadanía. Queremos que suban las pensiones, ayudas para el transporte, para la DANA... No tiene sentido que lo mezclen para que el propietario particular siga haciendo de escudo social".

¿Cuándo entran en vigor estas medidas?

Una vez que el Gobierno aprueba el decreto, estas medidas entran en vigor al día siguiente, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por lo tanto, todas las medidas que incluye el Real Decreto-ley están en vigor desde este miércoles 29 de enero. Aún no son definitivas, ya que este decreto tendrá que ser refrendado con apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de un mes, aunque esta vez parece que sí lo lograrán.