Exteriores concede 29.000 euros para pagar la defensa de Pablo Ibar

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha concedido una ayuda de 28.915,07 euros para ayudar a pagar la minuta del abogado de Pablo Ibar, el único preso español que se enfrenta a una pena de muerte en el mundo, informa el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata del quinto año consecutivo que Exteriores ofrece una ayuda económica a Ibar para asistirle en su intento de salir del "corredor de la muerte". Aunque la convocatoria de esta subvención está dirigida a cualquier español que se enfrente a una condena a muerte, hasta la fecha el único beneficiario ha sido Ibar.

Desde que se crearon estas ayudas en 2009, Ibar ha recibido del Estado un total de 228.418,99 euros para ayudarle a costear su defensa. El dinero no lo recibe él directamente, sino que se canaliza a través de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, obligada a justificar anualmente cada céntimo de la subvención. Exteriores convocó en 2009 por vez primera esta ayuda e introdujo una excepción a la normativa de bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero, que sólo contemplaba la posibilidad de sufragar los gastos de la defensa jurídica de españoles ante un procedimiento penal en el extranjero cuando el nacional careciera de medios económicos suficientes y en aquellos países donde no existiera un sistema de defensa de oficio gratuito similar al que hay en España.

El Ministerio pretendía que el principio general de no costear asistencia jurídica privada a acusados españoles en países donde existe un sistema de defensa de oficio equiparable al español no se aplicase de forma absoluta. En países como EEUU, una defensa jurídica de calidad tiene unos costes muy elevados, de ahí la justificación de que el Estado ayude en la defensa de Ibar.

Ibar, de 37 años, tiene la doble nacionalidad española y estadounidense y permanece desde el año 2000 en el corredor de la muerte del penal de Raiford, en Starke, en el norte de Florida (EEUU), condenado por un triple asesinato. Se encuentra inmerso en pleno proceso para intentar declarar nulo el juicio que le condenó a la pena capital. Según intenta demostrar su defensa, en ese proceso no se respetaron sus derechos constitucionales porque no disfrutó de una asistencia letrada efectiva y porque la principal prueba de cargo -una foto borrosa sacada de una cinta de videovigilancia-, no es suficiente para condenar a una persona a muerte, más aún cuando ninguna de las huellas dactilares ni el ADN recogidos en el escenario del crimen coinciden con los del acusado.