Falsas alarma de bomba para evitar los exámenes finales

La Guardia Civil en Gran Canaria, alerta de las consecuencias penales y civiles que conlleva la movilización de medios que en una falsa amenaza de bomba como las que se llevan a cabo en diferentes centros de educación secundaria de la isla de Gran Canaria. Este tipo de falsas alarmas que se está convirtiendo en una práctica habitual, se realizan con la intención de evitar los exámenes en estas fechas de finales de curso para la cancelación de las clases, evitando así el cumplimiento de los horarios lectivos.

Además, estas acciones se ven incentivadas por vídeos e imágenes en redes sociales por los jóvenes para aumentar sus seguidores y, si consiguen grabaciones de las consecuencias y los medios movilizados tras este tipo de alertas, logran hacer los vídeos virales.

Cabe destacar –subraya la Guardia Civil--que en este tipo de hechos se actúa como si se tratara de casos reales, por lo que se activa con la máxima rapidez y urgencia los recursos más cercanos para evacuar a las personas de los centros educativos y acordonar la zona afectada; se habilita una zona de seguridad en los alrededores para la posterior actuación del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) especialistas en este tipo de amenazas

Por otro lado, y debido a la gravedad de este tipo de amenazas, el procedimiento habitual es movilizar los medios y servicios de emergencias necesarios, (bomberos, ambulancia, etcétera…) con las lógicas consecuencias administrativas y económicas.

Todas las acciones que constituyan un ilícito son investigadas por la Guardia Civil; este tipo de hechos permiten identificar fácilmente a sus autores al hacer un seguimiento de los medios utilizados para realizar la falsa alerta.

“Debemos recordar que los autores que lleven a cabo este tipo de acciones incurren en el delito de desórdenes públicos. Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses. Por otro lado, la movilización de los servicios de emergencia conlleva una consecuencia administrativa y económica”, concluye..