La fiscal que entorpece la búsqueda de Marta

Detrás de la oposición de la Fiscalía de Sevilla de reabrir la causa por un presunto delito de homicidio contra el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado –la última esperanza que le quedaba a la familia del Castillo de encontrar el cuerpo de su hija– está una mujer temperamental, feminista y que maneja el Ministerio Fiscal con mano de hierro. María José Segarra es fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla desde el 25 de noviembre de 2004 y, aunque pocos dudan de la labor que realizó su departamento en la instrucción del caso, sus últimas decisiones no han contentado a la familia.

Segarra fue propuesta por Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante el Gobierno de Zapatero, y su acceso al puesto estuvo envuelto en la polémica. De hecho, se produjo con la opinión contraria del Consejo Fiscal, donde siete de los doce consejeros respaldaron la candidatura de Antonio Ocaña. A pesar de ello, Conde-Pumpido se inclinó por Segarra, miembro de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales y con una clara vinculación socialista. Se da la circunstancia de que su contrincante ocupaba el número 27 del escalafón y ella el 447, por lo que protagonizó un salto meteórico de 400 puestos. A este cargo aspiraban otros cuatro fiscales, entre los que destaca Emilio de Llera, actual consejero de Justicia de la Junta de Andalucía.

Madrileña de 49 años, se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid hasta que en 1987 accedió a la carrera fiscal, obteniendo su primer destino en Barcelona, bajo la jefatura de Carlos Jiménez Villarejo. Allí trabajó seis años y se ocupó de los juzgados de San Boi de Llobregat y Sabadell, ciudad en la que colaboró en la puesta en marcha del Destacamento de la Fiscalía. Ya en Barcelona, comenzó a especializarse en temas de menores, asunto que le fue confiado de nuevo cuando en 1993 se trasladó a Sevilla. Está casada con un magistrado y es madre de dos hijos.

En estos casi nueve años al frente del Ministerio Público de Sevilla ha intervenido en casos tan polémicos como el del intento de soborno a una concejal del municipio de Camas, las irregularidades en Mercasevilla o los errores del caso Mari Luz.

Su actuación en este último caso fue especialmente llamativa, a tenor de la alarma social que se creó y el posterior descubrimiento de los errores judiciales. Cuando se conoció el fallo que dejó en la calle a Santiago del Valle –su condena no fue ejecutada–, la Fiscalía cargó contra el juzgado de lo penal 1, eludiendo la autocrítica porque el Ministerio Público «es el encargado de controlar la ejecución de las sentencias». Segarra se quejó a la Fiscalía General por el «defectuoso control» en la tramitación de las sentencias.

Otra actuación muy criticada fue cuando pidió el archivo de la investigación tras aparecer los nombres de 81 menores objetores de EpC en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Admitió, no obstante, que se vulneró la intimidad de estos menores, aunque en ningún momento actuó contra la Junta.

Pero, sin duda, su carácter y su línea de actuación están marcados por su ferviente defensa de la causa feminista. Nada más acceder al cargo anunció que, entre sus objetivos, se encontraba la creación de un «macroservicio de asuntos de familia» que aglutinara el maltrato doméstico y la protección de los menores, así como reforzar la asistencia fiscal en los casos de violencia de género y crear un grupo especializado en la lucha contra la delincuencia doméstica. Igualmente, expresó su «orgullo de ser mujer» y su «satisfacción» por el «cambio que está experimentando el ordenamiento jurídico gracias a las luchas de las feministas del siglo XX, que han conseguido llevar las políticas de igualdad a todo el ordenamiento jurídico». En este sentido, subrayó que es «absolutamente inaceptable la escasa representación de la mujer» en los altos cargos de las fiscalías». Además, no dudó en criticar al juez Francisco Serrano y en defender la legislación sobre la violencia contra las mujeres.

En el «caso Marta del Castillo» la línea la marca Segarra y el brazo ejecutor es el fiscal Luis Martín Robredo, quien en su último escrito presentado ante el Juzgado de instrucción número 4 de Sevilla considera «absurda, ilógica e inverosímil» la última versión de Miguel Carcaño. Martín Robredo es uno de los fiscales más veteranos de Sevilla y apenas se le conocen declaraciones públicas. Sus únicas apariciones han sido en el juicio y en las reconstrucciones.

María José Segarra

(49 años)

Feminista, con vinculación socialista y polémica en sus actuaciones judiciales. Esta madrileña es fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla desde 2004. Ha intervenido en casos como el de Mari Luz Cortés o Mercasevilla.