La Fiscalía pide vetar las redes sociales a los maltratadores

Instituciones y asociaciones aportan más de 500 propuestas dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Son más de 500 propuestas, aportadas entre asociaciones e instituciones. Todas ellas conforman el documento elaborado por el Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Y, en principio, cada una de ellas será tenida en cuenta a la hora de sellar un futuro Pacto de Estado entre todos los partidos políticos en contra de una lacra que, en lo que va de año, ya ha dejado 27 víctimas mortales. O, lo que es lo mismo, una fallecida cada cinco días.

Entre estas posibles medidas están las de la Fiscalía, que propone «mejorar la regulación de delitos en las redes sociales para tomar medidas cautelares» con el objetivo de evitar que «el maltratador amenace a través de internet», afirma a este diario Pilar Martín Nájera, fiscal de sala de Violencia de Género. Así, de forma cautelar, podría prohibirse al agresor su entrada en sitios como Facebook o Twitter. Del mismo modo, los fiscales proponen «ampliar los puntos de encuentro», es decir, aquellos lugares en los que el maltratador pueda ver a sus hijos, pero siempre «supervisados por especialistas que puedan determinar» si estas visitas son beneficiosas para el menor.

También piden cambiar el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa del deber de declarar de ciertos colectivos, y abogan por que se pueda leer durante los juicios aquellas declaraciones anteriores de las víctimas para evitar que las tengan que repetir.

Por último, solicitan que se «amplíe el concepto de violencia de género, incluyendo la trata la violencia sexual, el acoso sexual en el trabajo...». En definitiva, todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul.

Por su parte, Isabel Caballero, coordinadora de Fundación Cermi Mujeres, explica que su asociación ha pedido «incluir en las estadísticas» que se elaboran sobre las víctimas «la variable de la discapacidad». También piden ampliar el concepto de violencia de género, en este caso «para prohibir esterilizaciones o abortos forzados» en el colectivo de las personas con discapacidad. Además, Cermi quiere promover una auditoría de accesibilidad «para que las víctimas con alguna discapacidad puedan acceder a todas las medidas que recoge la ley». «Un 10% de las víctimas sufre alguna discapacidad. Necesitamos más presupuesto, no ‘‘política ficción’’», señala Caballero.

Mientras, Carmen Quintanilla, diputada del PP y presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Mundo Rural (Afammer), solicita que la orden de alejamiento para los padres maltratadores, desde el primer momento en que se declare, sea extensible» no sólo a los menores, sino también a los hijos mayores de edad. Además, Afammer ha pedido una «mejora en la formación» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de los jueces, fiscales y abogados, y que se «garantice el cumplimiento de medidas acordadas judicialmente». Además, reclama «programas específicos orientados a las familias y mujeres del medio rural», centrados en una mayor sensibilización del personal sanitario y policial, así como la elaboración de estadísticas oficiales de estas víctimas en concreto, diferenciándolas de las que se producen en el medio urbano.

En cuanto a las propuestas realizadas por Fundación Mujeres «coinciden con la mayoría de otras asociaciones: mejorar la coordinación, dedicar más recursos, elaborar más planes de sensibilización e incrementar el presupuesto», afirmó su presidenta, Marisa Soleto.

Por último, Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, defendió la necesidad de «abordar la violencia de género desde todos los ángulos». E hizo hincapié en uno en concreto: «Más formación de jueces y letrados, porque está fallando la aplicación de la ley actual».