Las mascotas son un apoyo fundamental para las personas, otorgando una felicidad y una compañía que puede ser fundamental en muchos casos. Sin embargo, al igual que las personas, sufren contratiempos y problemas de salud durante su vida. En ese momento se acude a los veterinarios, que tratan de hacer todo lo posible para mejorar la salud de los animales. Ahora no siempre lo pueden hacer y han alzado la voz: "Se está poniendo en serio peligro el bienestar de los animales y, por ende, la salud de la población".

La polémica está servida tras la entrada en vigor a principios de este año del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Tras su aprobación en 2023, a inicios de 2025 se hizo efectivo el artículo 39.1.

Esto implica el nuevo Real Decreto

El texto explica lo siguiente: "Los veterinarios, al prescribir antimicrobianos, deberán comunicar los datos mínimos que figuran en el apartado 2 del anexo IV a la base de datos establecida por la autoridad competente de la comunidad autónoma en que radique la explotación o, en el caso de animales de compañía, donde resida habitualmente el prescriptor, por los medios electrónicos que esta establezca, con una periodicidad, al menos, quincenal, sea la prescripción ordinaria o excepcional". Además de este punto, se establecen varias medidas. Se pueden resumir de la siguiente forma las más importantes:

• La prohibición de la distribución, prescripción, dispensación y uso en el establecimiento, obligando a la adquisición en farmacias.
• El control digital de las prescripciones, que requiere la notificación de pautas específicas.

Un veterinario, multado con 90.000 euros

Todo ha estallado tras dos casos que referencian el problema de la norma y el debate que se genera para los veterinarios. Los profesionales del sector se ven abocados a tomar una difícil decisión, arriesgarse a una posible sanción o cumplir el procedimiento y no llegar a tiempo.

El primer caso se ha dado en Baleares, según reveló la patronal del sector. Un veterinario de las islas ha recibido una multa de 90.000 euros por recetar y administrar un medicamento en su clínica, algo prohibido por este Real Decreto. Saltarse el procedimiento, pese a que la mascota lo necesitaba, le va a salir caro: "La sanción de 90.000 euros ya es firme y está en vías de judicialización", afirma la patronal.

Lo opuesto sucedió en el 'Caso Selva', una perra de Galicia que necesitaba tratamiento urgente tras haber sido mordida por otro perro. El veterinario se acogió fielmente al nuevo procedimiento, a través del sistema Presvet, para analizar los medicamentos necesarios en cada caso. Lo exigido por el Ministerio de Agricultura para administrar antibióticos más potentes no llegó hasta días después de su muerte y no pudo salvar su vida.

Las multas por incumplir el procedimiento

Las infracciones por no comunicar las prescripciones a través del sistema Presvet son consideradas muy graves, aplicando una multa de 60.001 a 1.200.000 euros. Por lo tanto, el caso de Baleares no fue ni siquiera la sanción máxima pese a la importante cantidad. De hecho, está más cerca del mínimo.

Esto ha provocado que los veterinarios estén en pie de guerra y hayan salido a la calle: "Nos limita, nos coarta y merma nuestro criterio clínico". Los trabajadores del sector critican que la nueva normativa deja a un lado su criterio clínico y que retrasará y encarecerá los tratamientos a los animales. A su vez, denunciaron la "burocracia" que impone este real decreto y volvieron a incidir en una reclamación histórica del sector: la bajada del 21% del IVA.

Cambios en las sanciones

El pasado 20 de marzo volvió al Congreso de los Diputados, tras su paso por el Senado, para su aprobación final una ley que busca reducir esas sanciones. Con este cambio, pasarán de ser consideradas como muy graves a leves y el castigo irá de 600 a 3.000 euros o incluso un apercibimiento, para los que incumplan una vez el decreto. Si un profesional repitiese la infracción leve en el plazo de dos años, se considera infracción grave. Sin embargo, todavía no se ha publicado el cambio en el BOE. Además, el BNG ha solicitado una moratoria del Real Decreto hasta alcanzar acuerdos con los veterinarios.